Transparencia fue la palabra más utilizada en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes 26 de noviembre. Es la imagen que quiere dar el Gobierno ante los ataques de los especuladores, que buscan obtener mayor rentabilidad basándose en la generación de dudas sobre la solvencia de España.
Por eso, el Ejecutivo obligará a las comunidades autónomas a publicar trimestralmente los datos de ejecución presupuestaria, tal y como ya hace el Estado. Las autonomías deberán ofrecer también sus datos presupuestarios y deberán hacerlo de manera homogeneizada.
Por ahora, según aclaró la vicepresidenta económica, Elena Salgado, casi todas las comunides autónomas cumplirán el objetivo de déficit marcado para este año, que se situó en el 2,4% del PIB regional. Las excepciones son Castilla La Mancha y Murcia, que deberán adoptar medidas para corregir su situación. Otras cuatro comunidades (Galicia, Valencia, Canarias y Castilla y León) deberán acreditar la plena aplicación de las medidas puestas ya en marcha.
Mariano Tomás
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