El derecho a vivir tiene fecha de caducidad

Aído hizo esta afirmación tras una serie de reuniones que ha había mantenido con la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción violenta del embarazo y con la Sociedad Española de Contracepción y Fundación Española de Contracepción.

La titular de Igualdad destacó su coincidencia con estas asociaciones abortistas sobre la necesidad de modificar la ley así como de que vaya acompañada de una estrategia de lo que se ha convecino en llamar salud sexual y reproductiva para ocultar así el drama del aborto.

Según Aído, en sus encuentros se puso de manifiesto el deseo común de "reducir el número de embarazos no deseados con más prevención, información y educación", además de "protección, garantías y seguridad jurídica para la mujer y los profesionales", cierto, regalando la PDD y la RU-486.

En todo caso, Aído afirmó que el Gobierno quiere que no se produzcan abortos "fuera de la legalidad" por lo que se perseguirán los abortos que se produzcan de manera clandestina e ilegal", si es que la nueva ley ofrece algún resquicio para ello. En realidad, lo que Aído dio a entender es que para que no haya abortos ilegales el Gobierno aspira a legalizar todas las situaciones en el marco de unos plazos que las clínicas abortistas quien ampliar al máximo posible, 22 semanas.

Para que la ministra tuviera aún más claras las ideas, el presidente de las clínicas abortistas propuso a la ministra una ley de plazos de 24 semanas, porque la de 14 "deja fuera a un colectivo de mujeres, que precisamente son vulnerables". En caso de diagnóstico tardío de malformaciones pretenden no establecer límite y que la decisión la tome un comité en 48 horas. También defendió que no haya límite "cuando un bebé no vaya a tener una vida digna".

¿Qué entiende Aído por vida digna?