Sr. Director:
Al cardenal Rouco Varela, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y universitario acreditado, no le permitieron ayer dar la charla que estaba organizada, con el consentimiento de las autoridades académicas, por las amenazas de grupos denominados antisistema.
La Delegación del Gobierno en Madrid, que desde el primer momento había ofrecido la protección habitual en este tipo de situaciones, dijo que no podían garantizar la seguridad. ¿No tiene medios suficientes la Delegación para proteger un acto como este? ¿Habría ocurrido lo mismo si la conferencia la hubiera anunciado un político religioso ligado al islam?
A la gravedad en sí del hecho, se suma la política del consentimiento de los responsables del Gobierno y de los gestores universitarios, una claudicación que avergüenza a no pocos profesores universitarios de ese centro y de otros muchos. Recordemos que nuestra propia Constitución Española en su artículo 16 dice: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Estos hechos suponen un atropello a la libertad de expresión y, lo que es más grave, la imposición de ideas de unos pocos sobre la totalidad de la comunidad universitaria.
Nieves Jiménez
Al cardenal Rouco Varela, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y universitario acreditado, no le permitieron ayer dar la charla que estaba organizada, con el consentimiento de las autoridades académicas, por las amenazas de grupos denominados antisistema.
La Delegación del Gobierno en Madrid, que desde el primer momento había ofrecido la protección habitual en este tipo de situaciones, dijo que no podían garantizar la seguridad. ¿No tiene medios suficientes la Delegación para proteger un acto como este? ¿Habría ocurrido lo mismo si la conferencia la hubiera anunciado un político religioso ligado al islam?
A la gravedad en sí del hecho, se suma la política del consentimiento de los responsables del Gobierno y de los gestores universitarios, una claudicación que avergüenza a no pocos profesores universitarios de ese centro y de otros muchos. Recordemos que nuestra propia Constitución Española en su artículo 16 dice: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Estos hechos suponen un atropello a la libertad de expresión y, lo que es más grave, la imposición de ideas de unos pocos sobre la totalidad de la comunidad universitaria.
Nieves Jiménez
