Sr. Director:
El Partido Familia y Vida se opone a la modificación que respecto al aborto ha propuesto el PSOE, y manifiesta su perplejidad ante un partido presuntamente de izquierdas que favorece a las lucrativas empresas del aborto, en perjuicio de los más débiles e indefensos, que son el niño y la madre necesitada.
El aborto es un delito. Conviene recordar que el Tribunal Constitucional, en su famosa sentencia de fecha 18-5-85, ya declaró inconstitucional el proyecto de ley de despenalización del aborto. Aquel proyecto fue rectificado para eludir dicha inconstitucionalidad, precisamente en el sentido de garantizar que la madre se encontraba en estado de grave necesidad, antes de despenalizar el homicidio que constituye cualquier aborto. Y este criterio sigue vigente hasta la fecha.
Aunque la inactividad administrativa haya podido hacer creer a la ciudadanía que el aborto es un acto médico más, la realidad penal y constitucional es que se trata de un delito tipificado, por mucho que esté exento de pena cuando se comete en uno de los tres supuestos contemplados por el Código Penal. El feto o "nasciturus" es un ser vivo protegido por la Constitución al amparo del artículo 15: "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral"; y, en consecuencia, así lo declaró el Alto Tribunal en su Sentencia: "Debemos afirmar que la vida del "nasciturus", de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra norma fundamental".
Recordando una de sus primeras declaraciones, en la que José Luis Rodríguez Zapatero aseguraba que su Gobierno respetaría la Constitución, habrá que explicarle ahora que ésta no sólo se limita a las cuestiones territoriales, sino que también debe respetarse en lo que a las cuestiones fundamentales afecta: derecho a la vida, protección de la familia, derecho de los padres a determinar el ideario educativo de sus hijos, protección de la infancia y la juventud, etc.
De este modo, no es de recibo que un Gobierno soportado por sólo 164 diputados, logrado con el 42 % de los votos válidos emitidos que suponen únicamente el 27% de los ciudadanos españoles, proponga una modificación legislativa, que ya ha sido declarada inconstitucional por el Alto Tribunal.
El Partido Familia y Vida, por el contrario, propone al futuro Gobierno que fomente la política de prestaciones sociales prometida, creando las condiciones que permitan a las madres traer al mundo los hijos que engendren, contando para ello con las ayudas necesarias. Esto sería perfectamente posible si se desviasen a este fin las subvenciones públicas que se destinan a engrosar los beneficios de los empresarios abortistas, utilizando para ello el dinero de todos que se recauda con los impuestos.
Partido Familia y Vida
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