Convivencia Cívica Catalana ha denunciado a la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por incumplir la obligación de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los alumnos preinscritos en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual antes del inicio de la matriculación.
Se trataba de una medida que pretendía hacer efectivo el derecho a recibir en la lengua habitual la primera enseñanza, en la línea de lo señalado por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero la Generalitat incumple la sentencia e impone de nuevo la denominada "inmersión lingüística" vulnerando lo establecido en el mismo artículo 21.1 de la Ley 1/1998 de Política lingüística que establece que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique".