El pasado día 24 de octubre comenzó lo que Generalitat llama campaña puramente informativa para el sucedáneo de consulta que se va a celebrar el próximo 9 de noviembre.
Una campaña de información que en algunos casos se ha convertido en una campaña de presión. Algunos alcaldes que no van a prestar su apoyo al denominado proceso de participación están recibiendo llamadas insistentes para preguntarles por qué no lo hacen.
Es absurdo que el 9 de noviembre se vayan a instalar unas urnas que en realidad no sirven para nada. Pero lo peligroso es que el paripé provoque una restricción de las libertades. Ningún alcalde tiene que responder a la Generalitat sobre los motivos que tiene para no secundar la huida hacia adelante de Mas. Los alcaldes, en lo que es propio de sus competencias, responden ante sus electores y ante la ley. Es una intromisión inaceptable que la presión sobre los regidores se presente como una indagación sobre los motivos de una decisión.
José Morales Martín
