-Las Comunidades autónomas tendrán que informar mes a mes sobre sus gastos.
-La nueva legislación no afecta a la familia Real.
El Consejo de Ministros de este viernes ha incorporado algunas de las más de 4.000 sugerencias y aportaciones de los ciudadanos al anteproyecto de la ley de Transparencia, una de las medidas legislativas estrella del Gobierno Rajoy. Los políticos podrán ser inhabilitados por el juez y cesados de inmediato por el Consejo de Ministros, en el caso de los secretarios de Estado.
El Ministerio de Hacienda, con sus funciones muy reforzadas, tendrá el mismo poder en relación con el resto de los cargos públicos. Las CCAA, según ha señalado Soraya Sáenz de Santamaría, se verán obligadas "a reportar mensualmente en datos homogéneos de contabilidad nacional sus gastos". Se trata de una ley, ha señalado Sáenz de Santamaría, pensada y destinada para las administraciones públicas. La vicepresidenta ha resaltado la importancia del código de buen gobierno, uno de los aspectos más importantes de la norma y que mayores consecuencias puede tener para nuestros políticos. En su ámbito se recogen toda una serie de obligaciones que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
En lo que respecta a buen gobierno, Sáenz de Santamaría ha señalado que la Ley "supone un avance de extraordinaria importancia". Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica adquieren rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de "un régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio", independientemente de la Administración en la que presten sus servicios.
La norma consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.
Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años. Los aspectos de la Ley de Transparencia relacionados con el Buen Gobierno entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, no así los relacionados con la publicación de los datos de los sueldos de altos cargos, etc., que prevé la ley, por necesidades de adecuación del portal informático donde serán colgados estos datos, la página web de la Moncloa.
La vicepresidenta ha resaltado la importancia que se ha concedido a las aportaciones de los ciudadanos mediante el portal de la transparencia creado al efecto. En unos quince días se recibieron 3.600 sugerencias y peticiones, amén de unas 400 que entraron por registro. Al ser preguntada si se habían producido preguntas relacionadas con la Casa Real ha señalado que, por supuesto, ha habido preguntas al respecto, pero "La ley de transparencia no va a afectar a Casa Real, como tampoco afecta la del Reino Unido a la familia Real británica".
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
