Los últimos sondeos en Brasil sobre intención de voto para las presidenciales del 28 de octubre dibujan un paisaje curioso: Lula da Silva, encarcelado desde abril y sobre el que pesa una condena de 12 años por corrupción, lidera las encuentras con un 37% de apoyos, y le sigue, con un 18%, el ultraderechista Jair Bolsonaro. El resultado para el resto de candidatos es residual: un 6% para la ecologista Marina Silva y un empate del 4% entre Geraldo Alckmin (socialdemócrata) y Ciro Gomes (laborista).

Lula es favorito, así las cosas, cuando su candidatura pende de un hilo. Según la legislación electoral brasileña, la condena le impide postularse para un cargo público, pero el Partido de los Trabajadores (PT) ha hecho oídos sordos y ha inscrito su candidatura.  

El partido de Lula espera a la resolución judicial para oficializar su candidatura o la de Fernando Haddad, menos popular

La Fiscalía General ha impugnado la candidatura, pero la Justicia no se ha pronunciado. Tiene de plazo hasta el 17 de septiembre para hacerlo, 20 días antes de las elecciones. A esa decisión espera el PT para oficializar su candidatura. En el caso de que Lula fuera vetado, el testigo pasaría a Fernando Haddad, cuyo hándicap es que no supera a Bolsonaro en intención de voto.

En paralelo, voces como la del Comité de Derechos Humanos de la ONU que presionan para que Lula pueda ejercer sus “derechos políticos” aunque esté en prisión, pero lo que decida ese comité no es vinculante.