La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha admitido a trámite este lunes la querella presentada por el Bufete Colls, en la que acusa a la JUR y a Deloitte de presuntos delitos de falsificación documental y de apropiación indebida.

En su demanda, el despacho pone sobre la mesa la incompatibilidad aparente entre el informe elaborado por los peritos del Banco de España durante un año, y que estableció que, en el momento de la intervención, el Popular tenía un patrimonio de 11.000 millones de euros, y el informe que realizó Deloitte durante 10 días y en el que se basó la JUR para intervenir la entidad. Según Deloitte, el coste de la resolución del Popular oscilaba entre los -8.200 millones negativos en un escenario adverso y los 1.300 millones positivos en el escenario más optimista.

Esta discrepancia -11.000 millones positivos frente a 8.200 negativos- explica la insistencia de la presidenta de la JUR, Elke König, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en que Deloitte estaba trabajando para ampliar su informe preliminar en el que se basó la intervención y posterior entrega al Santander por un euro.

La admisión a trámite de la querella supone un giro copernicano del caso y abre la puerta a la posibilidad de ver a König sentada en el banquillo de los acusados.