Novedades en el caso de los ERE tras la sentencia de la "pieza política".

Según informa Diario de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que mantiene abiertas 122 piezas separadas por la macrocausa de los ERE, solicitando que sean citados a declarar en calidad de investigados el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, en relación con un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica ubicada en Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

El escrito fue presentado en el juzgado el pasado 20 de noviembre, tan sólo un día después del dictado de la sentencia, algo que según fuentes del caso obedece a una simple coincidencia temporal, derivada del análisis de la documentación relacionada con esta nueva línea de investigación, añade este medio.

La Fiscalía considera que los hechos por los que deben declarar Chaves y Zarrías, que ya han sido condenados a nueve años de inhabilitación en relación con la creación del denominado "procedimiento específico" para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009, podrían igualmente ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, afirma Diario de Sevilla.

En el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra piden al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar este préstamo, que en cualquier caso no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA que la sentencia dictada recientemente ha considerado ilegales. De esta forma, se trataría de una nueva investigación que no quedaría afectada, según el Ministerio Público, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la “pieza política” acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en aplicación del principio ‘non bis in ídem’, explica este mismo medio.

De hecho, en el escrito presentado al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana -que investiga la macrocausa mientras dura la baja por motivos de salud de María Núñez Bolaños-, la Fiscalía reclama que se impute a un total de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco directivos de la empresa Primayor, añade Diario de Sevilla.