- Cumplido un año de su segundo mandato, el presidente colombiano afronta el reto de pacificar el país tras décadas de guerrillas.
- El diálogo de paz con las FARC es importante, pero no es suficiente. Hay demasiados sectores de la población, vinculados sobre todo al narcotráfico, interesados en mantener la guerra.
- Las ONGs están documentando el asesinato de defensores de los derechos humanos y las amenazas contra los que perdieron sus tierras por las FARC y ahora las reclaman.
- Además, el Observatorio de Derechos Humanos va más allá: denuncia ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Ejército .
Se ha cumplido el primer año del segundo mandato de
Juan Manuel Santos. Hay una cosa que sí puede decirse del presidente: ha logrado revertir la imagen de
Colombia en el exterior. El escenario de crímenes y violación sistemática de los derechos humanos, frecuente en tiempos de su antecesor,
Álvaro Uribe, ha cambiado, pero eso no quiere decir que haya acabado. No obstante, Santos ha contado con dos aspectos para lanzar la imagen del país: los logros en su gestión económcia y haber mantenido vivo el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.
Pero no todo lo que reluce es oro. La pacificación en Colombia no depende únicamente de los diálogos entre el Gobierno y las
FARC en
La Habana. Tal y como asegura
Javier Bejarano, especialista en movimientos armados de Latinoamérica, "hay sectores de la población vinculados al narcotráfico y la mafia interesados en mantener la guerra". Además, esta dinámica de la violencia en Colombia no la ejercen únicamente las FARC, sino la
ELN también. Javier Berajano, en declaraciones a
Deutsche Welle, resalta la importancia de incluir en las conversaciones de paz a interlocutores de ELN. "Sería gravísimo no hacerlo", asegura este investigador.
La normalización de la situación en Colombia está todavía lejos de alcanzarse. A los cientos de miles de desplazados cada año en el país, hay que sumarle un incremento de las amenazas contra defensores de los derechos humanos. Según ha documentados una red de ONGs, en 2014 hubo 55 asesinatos por este motivo, y en los tres primeros meses de este año suman ya 19 asesinados.
Están detectando también problemas por amenaza contra aquellos que huyeron y perdieron sus tierras por miedo o por las acciones armadas de la guerrilla y ahora vuelven a reclamarlas. Se trata de otros grupos armados que siguen actuando sobre esos terrenos. El Gobierno se refiere a ellos como bandas criminales, pero en realidad, al menos para
Matthias Schreiber, experto en Colombia de Amnistía Internacional "son grupos paramilitares que siguen existiendo, a pesar de los procesos de desmovilización".
El Observatorio de Derechos Humanos ha denunciado en numerosas ocasiones ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a grupos paramilitares y a altos mandos del Ejército. Schreiber apunta que el Gobierno ha contribuido a ello ampliando las competencias de la justicia militar.
Daniel Esparza
daniel@hispanidad.com
