Parece bastante claro que habrá más injustos embargos por culpa del imparable desastre de los laudos de renovables, que provocó en su día el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (ahora imputado) con sus generosísimas primas a las energías verdes y que el pepero Mariano Rajoy no fue capaz de poner fin y agravó al recortarlas. Ahora España ha recibido un revés judicial en EEUU, que tumba el ‘escudo europeo’ que argumentaba para evitar el pago de laudos, y en paralelo, los acreedores (empresas y fondos de inversión, incluso fondos oportunistas que han comprado los derechos de cobro de otros) ya tienen identificados 400 bienes susceptibles de embargar.

Recuerden que Zapatero (a través de los ministros José Montilla, primero, y luego, Joan Clos) prometió a las empresas y fondos una rentabilidad asegurada del 22% en renovables…, por 50 años, y encima en un negocio que ya estaba subvencionado. Así disparó el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros. A Clos le cogió el testigo como ministro Miguel Sebastián, quien empezó a ver la magnitud del problema e inició un suave recorte de las famosas primas. Cuando Rajoy llegó a La Moncloa fue el ministro José Manuel Soria el encargado de dar un fuerte tijeretazo a las primas e intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (el del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes) que aún sigue en vigor y que el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez ha anunciado que eliminará progresivamente hasta quitarlo en 2028, año en el que también acabaremos de pagar el déficit de tarifa, el cual también conlleva pago de intereses.

Todo esto no gustó nada a empresas y fondos, y mucho menos que hasta el Tribunal Supremo dijera que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en vez del desmedido 22%, y apuntó a que entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, fueron surgiendo arbitrajes o laudos (donde hay tres abogados: uno por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), y como España se ha negado a pagar las indemnizaciones que se le imponían, muchos acreedores han empezado a acudir a tribunales ordinarios y han comenzado a llegar injustos embargos a bienes del Estado español (hasta se temió que fuera objeto de uno el avión en el que viaja Sánchez -a veces un Falcon y otras un Airbus-; o la participación de la Selección Española en el Mundial de Fútbol -finalmente esta se libró y la RFEF porque son entidades privadas-).

España mantiene sin ejecutar 28 de las 29 resoluciones dictadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas al Inversiones (CIADI) -organismo del Banco Mundial-. En total, la deuda reconocida por los laudos asciende a 2.333 millones (1.800 millones de indemnizaciones, a las que se suman intereses de demora, costas judiciales y otros recargos), y a los que se añaden otros 550 millones en sobrecostes legales y financieros acumulados. Asimismo, hay un sobrecoste de 6.600 millones para el Tesoro por el encarecimiento de la financiación debido a un mayor perfil de riesgo. En cualquier caso, esos 2.333 millones se han quedado muy lejos de los más de 10.000 millones que los inversores y fondos oportunistas habían reclamado en las cortes de arbitraje (en su mayoría, en el CIADI) y de las que hasta ahora se han resuelto algunas resoluciones a su favor y otras a favor de España.

Ahora nuestro país ha recibido un nuevo revés judicial en EEUU, según informa La Razón. El Tribunal del Distrito de Columbia ha rechazado los argumentos de la defensa española y ha autorizado a los acreedores del ‘caso Antin’ a avanzar con el embargo y la ejecución de activos españoles en EEUU. España había alegado que el Derecho comunitario le impedía abonar la indemnización porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó los laudos entre inversores comunitarios y Estados miembro de la UE, y además, se necesita el permiso de la Comisión Europea para evitar que dicho pago se considere como ayuda estatal. Por cierto, Bruselas está investigando el único pago que hasta ahora ha hecho nuestro país por el tema de los laudos y el receptor ha sido la empresa japonesa JGC Holdings Corporation. 

En paralelo, los acreedores ya tienen identificados 400 bienes que pueden ser objeto de injustos embargos, como ya ha pasado en varios países, según recoge Cinco Días. En concreto, EEUU, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Australia y Singapur han pedido que se registren, reconozcan y ejecuten los 29 laudos que, por ahora, han dado la razón a los inversores. Por el momento, no seguirán rastreando más activos susceptibles de embargo. Además, en EEUU, Australia y Singapur aún no se embargado ningún activo, pero no sería de extrañar que sucediera próximamente.