El desastre de los laudos de las renovables continúa creciendo. Ahora son los acreedores (inversores y fondos oportunistas -que han comprado los derechos de cobro de otros fondos de inversión, y entre ellos, se encuentra Blasket-) los que estiman que la inseguridad jurídica ha generado un sobrecoste financiero de 6.600 millones de euros para el Tesoro desde el año 2023.

Así se refleja en un informe elaborado por los acreedores, recogido por la Agencia EFE. En el mismo se detalla que España mantiene sin ejecutar 28 de las 29 resoluciones dictadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas al Inversiones (CIADI) -organismo perteneciente al Banco Mundial-. En total, la deuda reconocida por los laudos asciende a 2.333 millones (1.800 millones de indemnizaciones, a las que se suman intereses de demora, costas judiciales y otros recargos), y a los que se suman otros 550 millones en sobrecostes legales y financieros acumulados. Asimismo, hay un sobrecoste de 6.600 millones para el Tesoro por el encarecimiento de la financiación debido a un mayor perfil de riesgo.

En cualquier caso, esos 2.333 millones se han quedado muy lejos de los más de 10.000 millones que los inversores y fondos oportunistas habían reclamado en las cortes de arbitraje -principalmente, en el CIADI-, y de las que hasta ahora se han resuelto algunas resoluciones a su favor y otras a favor de España. Claro que como nuestro país se ha negado a pagar indemnizaciones, han empezado a llegar injustos embargos. 

El informe de los acreedores es la penúltima muestra de cómo las generosísimas primas que en su día otorgó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (ahora imputado por una cada vez menos presunta corrupción) nos están saliendo carísimas a los contribuyentes de nuestro país. Recuerden que Zapatero (y más directamente a través de los ministros José Montilla, primero, y luego, Joan Clos) prometió a las empresas y fondos una rentabilidad asegurada del 22% en renovables…, por 50 años, y encima en un negocio que ya estaba subvencionado. El primer ajuste de dichas primas se produjo con el ministro socialista Miguel Sebastián, quien se dio cuenta de la magnitud del problema, pero con la llegada del pepero Mariano Rajoy a La Moncloa, fue el ministro José Manuel Soria el encargado de dar un fuerte tijeretazo a las citadas primas y también intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (el del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes) que aún sigue en vigor y que el Gobierno que lidera el socialista Pedro Sánchez ha anunciado que eliminará progresivamente hasta quitarlo por completo en 2028.

Dichas primas no sólo dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones, que aún seguimos pagándolo y no lo terminaremos de hacer hasta 2028, sino que también causaron la creación de un nuevo impuesto... que acaba repercutiendo en la factura de los clientes eléctricos de una forma o de otra. Eso sí, hasta el Tribunal Supremo confirmó que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en lugar del desmedido 22% prometido por Zapatero, y apuntó que si se situaba entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, fueron surgiendo arbitrajes o laudos (donde hay tres abogados: uno por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), y como España se ha negado a pagar las indemnizaciones que se le imponían, muchos de los acreedores han empezado a acudir a tribunales ordinarios y han comenzado a llegar injustos embargos a bienes del Estado español.

Nuestro país se ha negado a pagar basándose en criterios de la Unión Europea que consideran que aquellas indemnizaciones rompían las reglas comunitarias. Es más, en algún recurso contra dichos embargos, ha argumentado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó los conflictos entre inversores comunitarios y un Estado miembro, y la Comisión Europea ha respaldado la postura y es la que debe autorizar los abonos reclamados para evitar que se declaren ayudas ilegales. Precisamente, ahora se ha conocido que Bruselas ha abierto una investigación sobre el único laudo arbitral que España ha abonado hasta la fecha (32 millones pagados en junio de 2025 a la compañía japonesa JGC Holdings) y trata de determinar si dicho desembolso es compatible con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado... o no.