Se vuelve a constatar que las energías renovables han dejado de ser un chollo… también en España. Y es que el Tribunal Supremo ha descartado el carácter sancionador de la reducción de rentabilidad a instalaciones renovables con litigios, según informa Economist&Jurist, confirmando así que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%.

Tal y como recogen en Administrativando Abogados, la reforma que introdujo el Real Decreto-ley 17/2019, que se incorporó a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrica una disposición final tercera bis, establecía, de forma excepcional, que las instalaciones renovables que existían antes de 2013 podrían mantener la rentabilidad más alta del 7,398% entre los años 2020 y 2023. Eso sí, siempre y cuando, no hubieran entrado en procedimientos arbitrales o judiciales sobre la reforma retributiva. En caso de que si hubieran entrado en dichos procedimientos, se les aplicaría una rentabilidad general del 7,09%.

Ahora el Tribunal Supremo ha respondido al recurso de casación presentado por una empresa contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Dicha empresa ha defendido que ni ella ni sus socios habían promovido ningún litigio, pero sí hubo un antiguo socio extranjero, que ya no tiene relación con la compañía, que sí lanzó un procedimiento arbitral. El Alto Tribunal se ha mostrado a favor de la Abogacía del Estado, que negaba que la reducción de la rentabilidad se debiera al carácter sancionador y que vulnerara el artículo 25 de la Constitución Española. Por tanto, la empresa recurrente deberá afrontar la menor rentabilidad de sus instalaciones renovables.

Todo esto sucede en un contexto que no es baladí para estas energías… y donde han dejado de ser un chollo… porque ahora se prima la economía frente a la ecología. De hecho, ya se está pasando de una burbuja especulativa a un reflujo, como se está viendo en los movimientos de numerosos fondos de inversión (BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Apollo, CIP, Brookfield...) y también de empresas.

Y ojo, recuerden que en España dicha burbuja era doble: por un lado, numerosas compañías del sector de las energías verde cotizan con sonoras alzas y caídas (un ejemplo se puede ver en Acciona Energía, la filial de energías renovables de Acciona); y por otro, se dan múltiples operaciones de ventas de compañías, proyectos, carteras e incluso partes de todas las anteriores. Eso sí, ahora nuestro país tampoco escapa a otro fenómeno mundial: el del reflujo. Claro que a todo esto se suma un buen número de laudos y embargos que han empezado a llegar y otros que se han llegado a temer.

No hay que perder de vista que los contribuyentes de nuestro país aún seguimos pagando (con intereses incluidos) el elevado déficit de tarifa que disparó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero con sus generosísimas primas a las energías renovables a casi 30.000 millones de euros. Un desastre del PSOE de Zapatero… y del PP de Mariano Rajoy, pues cuando se empezaron a dar cuenta del desastre e iniciaron la reducción de dichas primas, comenzaron a llegar laudos en arbitrajes internacionales contra nuestro país. Fue el ministro socialista Miguel Sebastián el primero que comenzó a usar la tijera en dichas primas en 2010 y le siguió el ministro pepero José Manuel Soria en 2013, quien también quiso amortiguar el desastre con un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes).

Claro que no sólo tomaron postura los políticos, sino también el Tribunal Supremo, que llegó a estimar que la rentabilidad de turbinas eólicas y placas solares no podía ser del 22% que prometió ZP, sino que entre un 7% y un 9% era más que suficiente. Y así empezaron los arbitrajes, llegando a 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), pero como este organismo de arbitraje del Banco Mundial no puede dictar sentencia, los demandantes deben denunciar ante tribunales ordinarios. Hasta ahora, se han dado fallos favorables y otros en contra, pero nuestro país no ha pagado aún nada del dinero reclamado... y han comenzado los embargos de activos ajenos al sector energético en EEUU, Australia, Reino Unido y Bélgica. 

Ahora el Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse defendiendo una rentabilidad razonable del 7,09% para las instalaciones renovables, algo que no ha gustado ni a empresas promotoras de las energías verdes ni a fondos. Y no se puede olvidar que el déficit de tarifa supone una pesada deuda, que cerró 2024 en 5.727 millones de euros, y que los contribuyentes no acabaremos de pagar hasta 2028, y encima conlleva el pago de intereses. 

Y ojo, el Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, propone un rentabilidad razonable del 7,09% y del 7,398% para las renovables, muy por encima de la que la CNMC plantea para redes eléctricas y actividades gasistas. Además, dentro del regulador de la Competencia que preside Cani Fernández hay conflicto por la retribución del 6,58% aprobada para las redes eléctricas, menor a la que pedía el sector.