Para que nos hagamos una idea de la hipocresía de Marruecos con el tema de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio -cuando unos 70.000 marroquíes entraron en una ciudad española que tan solo tiene 80.000-, solo hay que prestar atención a las palabras del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha reivindicado que Ceuta y Melilla son marroquíes: «Seguimos aferrándonos a nuestra tierra. Esto requiere paciencia y queremos resolver el problema a través del diálogo». Es más, Ouahbi añadió: «Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión». 

Por otra parte, en la misma entrevista, Abdellatif Ouahbi sugirió la posibilidad de suspender el tratado de extradición con España: «Dijimos que no podíamos detener esta inmigración si no había coordinación entre nosotros. No tiene sentido que nosotros la impidamos, mientras ustedes otorgan el permiso de residencia. Esto es muy contradictorio», argumentó. 

Encima de que nos mandan a 70.000 personas para crear enormes problemas a España, se permiten el lujo de reivindicar la propiedad de unas ciudades (Ceuta y Melilla) que eran españolas antes incluso de que Marruecos existiese tal y como lo conocemos hoy

Pero es que, además, Marruecos también se ha quejado de supuestos malos tratos de las fuerzas de seguridad españolas con los inmigrantes ilegales que invadieron Ceuta. Sobre estas acusaciones ha salido al paso JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, quien las ha rechazado "categóricamente" por "no ajustarse a la realidad del desempeño profesional del colectivo". Y ha destacado que "los agentes actuaron y siguen haciéndolo en situaciones de alta exigencia operativa para proteger a la población, prestar auxilio humanitario y velar por la integridad de una frontera que forma parte del territorio español y de la UE".

Y atención a la acusación de la portavoz de Jupol, sindicato de la Policía Nacional, sobre algunos de los individuos que llegaron a Ceuta: 

En ese contexto, ha trascendido que España está vendiendo a Rabat, o sea, al enemigo número uno de nuestro país, todo tipo de material militar, incluida munición y hasta aviones.

Esa venta de material militar será todo un negocio para España, pero, insistimos, se trata del enemigo número uno del país. 

Y, desde luego, quienes no están haciendo negocio son los comerciantes ceutíes, que desde la invasión del pasado 30 de julio, se han visto abocados en muchos casos al cierre de sus negocios por la inseguridad, con el consiguiente impacto económico en sus cuentas.