• El país hispanoamericano se ha convertido en refugio de peligrosos etarras como Iñaki de Juana Chaos y otros veinte que tienen causas pendientes con la justicia española.
  • Paralalemante, la devaluación de la moneda ha perjudicado directamente a empresas como Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, IAG, Meliá y Air Europa.
  • Y encima, Maduro pretende que las compañías españolas presionen al Gobierno y a la prensa para que hablen bien del chavismo.
  • El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, es portada en Venezuela por subrayar que en España "la libertad de opinión y de prensa son principios absolutamente irrenunciables".
El Gobierno bolivariano-marxista de Venezuela se ha convertido en refugio de etarras, tal y como ha revelado El Mundo, que ayer publicó unas fotografías del etarra José Ignacio de Juana Chaos al frente de un negocio de licores en la localidad venezolana de Chichiriviche. Y, este martes, el mismo periódico ha contado que en Venezuela hay unos 40 miembros de ETA, de los que 21 tienen causas pendientes y otros 11 han pasado por el consulado español en los últimos años para regularizar su situación. Seis de los terroristas están acusados de la comisión de 22 asesinatos, añade el diario.

Ayer, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ya cursó un oficio a Interpol para que le confirme si tiene conocimiento exacto del paradero del etarra De Juana Chaos. La confirmación es imprescindible para iniciar inmediatamente el proceso de extradición. Pero el Gobierno bolivariano no va a mover un dedo para extraditarlo. Y si no, al tiempo.

A la ayuda a los etarras huidos de España, se suma también los perjuicios a las empresas españolas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro (en la imagen). Y es que la devaluación del bolívar, la moneda venezolana, aplicada por el Ejecutivo chavista ha tenido un notable impacto en la cuenta de resultados de Telefónica, que sufrirá un recorte de 915 millones en el ebitda y de 399 millones en el beneficio neto del ejercicio 2014. Otras compañías españolas afectadas serán Repsol, que tiene aún un 10% de su producción y el 30% de sus reservas en Venezuela, y BBVA, que es uno de los líderes de la banca venezolana. También se verán golpeados grupos como Mapfre, IAG, Meliá y Air Europa.

Pero hay más. El chavismo, poco amigo de la libertad de prensa en su país, ha amenazado con represalias, que podrían llegar a las expropiaciones, a las empresas españolas que operan en Venezuela, si no ejercen su influencia para que los medios de comunicación españoles dejen de publicar noticias que, consideran, desprestigian la imagen del país. Se trata de presionar al Gobierno español para que a su vez presione a los medios españoles para que hablen bien del país sudamericano.

Pero el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, subrayó ayer que en España "la libertad de opinión y de prensa son principios absolutamente irrenunciables". El ministro confirmó la información difundida por ABC sobre la reunión a la que fueron convocados el pasado día 12, en Caracas, responsables de las compañías españolas Telefónica, Repsol, BBVA, Mapfre, Iberia, Air Europa y Meliá. Señaló que fueron las propias empresas las que dieron cuenta al Gobierno de lo sucedido y que, un día después, el embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, se reunió con ellas y se comunicó con el vicecanciller venezolano, Calixto Ortega, uno de los asistentes al encuentro del 12 de febrero.

José Ángel Gutiérrez

joseangel@hispanidad.com