- La contabilidad de Luis Bárcenas refleja ingresos por importe de 7,5 millones de euros en los 15 años analizados
- Bárcenas blanquea casi 20 millones pagando 1,4 y sin explicar su origen
- Bolivia amenaza con expropiar a Abertis
- El Gobierno negocia con Venezuela repatriar más de 1.500 millones de Telefónica y BBVA
- La lucha en el seno de IAG pone en jaque al consejero delegado de Iberia
- ACS gana la primera batalla legal a Iberdrola en Bilbao
- Los dueños de preferentes tendrán el 20% de Bankia
- Antonio Carrascosa (FROB): "Si no hay oferta razonable, Catalunya Banc no se vende"
- El FROB garantiza que no malvenderá las cajas de ahorros nacionalizadas
- Cruce de querellas: Arturo Fernández exige a Turespaña 3,2 millones
- Nozar presenta convenio y pide al juez que retire la administración concursal
- Empleo y sindicatos frenan el contrato para jóvenes que propone CEOE
- La Justicia pone coto a los 'excesos' de las empresas con la reforma laboral
- El Ejecutivo ultima un pacto social sobre empleo juvenil
- Hacienda revisa factura a factura las cuentas de 2012 de las autonomías
- Rajoy y Urkullu negocian la cesión de prisiones al País Vasco
- Gobierno y PP manejan informes a favor de recurrir la declaración soberanista
- Gabriel Escarrer (Meliá Hoteles): "El viaje soberanista de Mas perjudica al turismo en Cataluña"
- Cataluña mantiene 41 embajadas mientras pide 9.000 millones
- El capo ruso de Lloret de Mar: «Estoy harto de todos los corruptos de este país»
La prensa recoge hoy que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer en el pleno del Congreso una serie de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y paliar así el drama de los desahucios. Estas medidas implican una serie de reformas legales para que "todas las familias vulnerables se encuentren en una situación más adecuada y que ningún deudor de buena fe afectado por la crisis pierda su casa", dijo De Guindos, quien aseguró que el Gobierno buscará el "consenso" para hacer frente a un problema que "ha generado una gran inquietud social". Entre otras, se modificarán la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario y se actualizará el Código de Buenas Prácticas de la banca que entró en vigor hace un año, a través de un proyecto de ley que el Gobierno pretende aprobar para que entre en vigor esta primavera.

Por ejemplo, el Gobierno limitará la cuantía de los intereses de demora que los bancos pueden reclamar a los clientes morosos, hasta un máximo del triple del tipo de interés legal del dinero (actualmente del 4%), es decir, un 12%. Además los intereses de demora no se activarán hasta el tercer mes de impago, en vez del primer mes actual. Por otra parte, se limitará a 30 años el plazo máximo para las hipotecas que puedan ser objeto de titulización, ya que un plazo más largo incrementa la vulnerabilidad del deudor ante el préstamo, y se prohibirá que los bancos puedan utilizar las hipotecas de plazo superior para cubrir las emisiones de cédulas hipotecarias.

Por otra parte, la economía española aceleró su ritmo de caída en el último trimestre del año pasado, periodo en el que el PIB se contrajo un 0,7% en tasa intertrimestral, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En tasa interanual, la caída fue del 1,8%. Estos datos, tanto en tasa intertrimestral como interanual, son los peores desde el tercer trimestre de 2009. No obstante, la caída media del PIB en el conjunto del ejercicio fue del 1,37%, ligeramente inferior a la estimación del Gobierno, del 1,5%.

Toda la prensa recoge que Popular ha nombrado consejero delegado del banco a Francisco Gómez Martín. La entidad no tenía consejero delegado desde que Roberto Higuera, actualmente uno de los tres vicepresidentes del grupo, abandonó el puesto en 2009.

Así las cosas, la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas presentó ayer un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, en el que asegura que regularizó 10.988.040 euros tras acogerse a la amnistía fiscal. En ese contexto, la contabilidad interna que manejaron Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja pagos periódicos, trimestrales o semestrales, a toda la cúpula del partido (secretarios generales y vicesecretarios generales).

La contabilidad de Luis Bárcenas refleja ingresos por importe de 7,5 millones de euros en los 15 años analizados: de 1990 a 1992 y de 1997 a 2008. Empresarios de la construcción, algunos de ellos imputados en casos de corrupción, figuran como los que realizaron mayores ingresos en esa caja en la que luego se registraban como salidas pagos a la cúpula del PP. En la lista de supuestos donantes figuran empresarios conocidos como Luis del Rivero (expresidente de Sacyr) o Juan Miguel Villar Mir (presidente de OHL), que han negado a EL PAÍS haber hecho esas aportaciones.

Bárcenas blanquea casi 20 millones pagando 1,4 y sin explicar su origen. El ex tesorero del PP recibe más de un millón al año en concepto de intereses por sus cuentas en Suiza. Alega que el dinero que salió desde 2009 era de terceras personas cuyo patrimonio gestionaba. Asegura que «la antigüedad de muchas de las operaciones dificulta» explicar al Juzgado la procedencia de los fondos. Técnicos de Hacienda dicen que la regularización es válida si no se demuestra el origen ilícito del dinero, añade El Mundo.

Ya en lo estrictamente económico, Bolivia prepara una nueva expropiación de una empresa española. Según aseguró el viceministro de Transportes, Edwin Marañon, el Gobierno de Evo Morales prepara la toma de control de Servicios Aeroportuarios Bolivianos, una filial de la española Abertis. La decisión se adopta, como siempre, amparándose en una supuesta reducción de las inversiones realizadas en el país, aunque el miembro del ejecutivo reconoció en una entrevista radiofónica, recogida por Infobae, que el contrato en vigor no especifica el monto de inversión, recoge El Economista.

El Gobierno español negocia con Venezuela la repatriación de más de 1.500 millones de beneficios obtenidos por Telefónica y BBVA en el país andino desde 2009. La devaluación del bolívar en 2009 ha impedido, en la práctica, a las empresas españolas convertir los beneficios de 2010 y 2011 a dólares y cobrarlos en dividendos, afirma Expansión.

Ni los consejeros de la parte británica de IAG —matriz fruto de la fusión de British Airways e Iberia— ni la plataforma sindical de la aerolínea española —encabezada por UGT, CC.OO. y los pilotos de Sepla— creen en milagros de cara al nuevo consejo de administración de mañana. Reunión ésta que había sido convocada de forma extraordinaria tras el fracaso del anterior consejo, el pasado 24 de enero, con el objetivo de que el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, clarificara el plan de reestructuración que había negociado la aerolínea española con los sindicatos. Un plan que, desde un primer momento, fue rechazado de pleno por IAG, encabezado por su consejero delegado Willie Walsh. Situación que debilita la posición de Sánchez-Lozano dentro de la compañía. Y es que, según las fuentes consultadas de la sociedad matriz, pocas opciones le quedan ya al segundo de a bordo de la aerolínea española para convencer a todas las partes, dentro de una fusión que está evidenciando un conflicto de intereses tanto empresariales como de corte político (estos últimos, acentuados por las constantes apelaciones del Gobierno español a que se garantice la conectividad de la compañía y su papel en Iberoamérica), cuenta ABC. 

ACS está de retirada en el capital de Iberdrola, pero no ha cedido en la defensa de sus derechos como accionista de la eléctrica. La constructora, que recurrió sin demasiado éxito las juntas de Iberdrola de 2010 y 2011, ha obtenido la primera victoria parcial en los tribunales del País Vasco. Una sentencia de la Audiencia de Vizcaya de 28 de diciembre de 2012 a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN anula varias modificaciones del reglamento de la junta de la eléctrica y de sus estatutos con las que pretendía blindarse contra accionistas hostiles.

La estructura accionarial de Bankia empieza a definirse. El banco estará controlado por el Frob, que tendrá en torno al 80% del capital. Los dueños de preferentes y subordinadas se harán con el restante 20% después de haber cambiado sus títulos de deuda por acciones del banco. El grupo quiere seguir cotizando en bolsa, señala Expansión. 

El director general del FROB, Antonio Carrascosa, ha advertido a los potenciales postores de Catalunya Banc que no subastará la entidad nacionalizada "a cualquier precio" y que "si no hay una oferta razonable no se venderá". Añadió que no habrá un esquema de protección ante pérdidas ni nuevas inyecciones de capital, en Cinco Días.

El FROB garantiza que no malvenderá las cajas de ahorros nacionalizadas. El organismo cree que las condiciones impuestas por Bruselas para los despidos en las entidades con ayudas son «generosas», dice ABC. 

Cruce de querellas: Arturo Fernández exige a Turespaña 3,2 millones. Recurre la sentencia que le obliga a pagar el canon, dice El Economista.

La inmobiliaria Nozar, en concurso de acreedores desde septiembre de 2009, ha presentado un escrito al juez requiriendo la retirada de los administradores concursales, a los que acusa de obstrucción y de estar "obsesionados" con llevar a la compañía a liquidación. El grupo de la familia Nozaleda protagonizó uno de los mayores concursos de la historia empresarial española, con 1.563 millones de pasivo. Nozar ha presentado un convenio de pago a sus acreedores, con quitas de hasta el 93%, cuya aprobación, dice, trata de impedir la administración concursal, publica Cinco Días.

El acuerdo no fue posible. La reunión de ayer entre Gobierno, patronal y sindicatos para consensuar un paquete de 100 medidas para incentivar el empleo juvenil culminó sin éxito. Parece claro también que entre las iniciativas que finalmente se tomen no estará el contrato temporal para jóvenes vinculado al salario mínimo que proponía CEOE. Todos exigieron a Empleo que detalle la financiación que tendrá el plan de choque, cuenta Cinco Días.

La Audiencia Nacional ha tumbado la demanda presentada por la empresa de mensajería y distribución Unipost, que pretendía imponer un convenio colectivo con rebajas salariales a sus empleados a los dos meses de haber acordado otro que suponía flexibilidad de jornada y congelación de sueldos. A pesar de que la reforma laboral exige a los jueces que apliquen la norma si concurre la causa económica, productiva u organizativa que alega la empresa, en este caso, las pérdidas, la Audiencia considera que la decisión de la empresa no es proporcionada, explica Expansión.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanzó ayer un plan de choque para combatir el paro juvenil que ya está negociando con empresarios, sindicatos y autónomos. "La idea es que el presidente del Gobierno pueda presentar ante el Congreso un gran acuerdo", "con la vista puesta en el Debate sobre el Estado de la Nación", que se celebrará en el mes de febrero. El Gobierno potenciará las fórmulas encaminadas a fomentar el autoempleo. Así, se ofrecerá a los menores de 30 años la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con la puesta en marcha de un negocio durante seis meses. Además la llamada "estrategia de Emprendimiento" permitirá a los emprendedores conservar el cobro del paro durante un plazo de cinco años si el negocio fracasa, en vez de los dos años actuales, afirma ABC.

Hacienda revisa factura a factura las cuentas de 2012 de las autonomías. Hay datos que no cuadran y los fiscalizará la Intervención General antes de darlos a la UE. El Gobierno prevé que el déficit del Estado se quede finalmente por debajo del 7 por ciento, explica La Razón. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Ínigo Urkullu, coincidieron ayer en su primera reunión institucional, celebrada en La Moncloa, en que la prioridad es hacer frente a la crisis económica y mantendrán un canal abierto de comunicación para avanzar en el proceso de paz. En ese contexto, Rajoy y Urkullu negocian la cesión de prisiones al País Vasco. El 'lehendakari' insiste en su reivindicación, de la que se beneficiarán los presos de ETA. El presidente reclama a los proetarras "gestos" para que el Gobierno pueda dar "pasos". Interior espera un comunicado inminente de ETA con un desarme parcial, asegura La Gaceta.

El Gobierno recibirá hoy mismo un informe de la Abogacía del Estado que será clave en la respuesta definitiva que dará el Ejecutivo a la declaración soberanista del Parlament de Cataluña. Todo está abierto pasados ocho días del órdago institucional de Artur Mas. Pero, en este tiempo, la posición ha cambiado de manera sensible y progresiva. En el Gobierno y en el PP ya nadie asegura con contundencia que no se recurrirá, afirma El Mundo.

Gabriel Escarrer (Meliá Hoteles): "El viaje soberanista de Mas perjudica al turismo en Cataluña", en El Economista.

Cataluña mantiene 41 embajadas mientras pide 9.000 millones, destaca ABC. También lo publica La Razón.

«Estoy harto de los corruptos de este país. Dejé de pagarles hace un año y medio aproximadamente porque me di cuenta de que podría haber conseguido lo mismo de forma legal». Andrei Petrov, el ruso acusado de blanquear casi 56 millones de euros para grupos mafiosos y de «colonizar» el Ayuntamiento de Lloret de Mar, ha puesto contra las cuerdas al exalcalde y ahora diputado autonómico de CiU Xavier Crespo con sus declaraciones. A la espera de que el TSJ de Cataluña se pronuncie sobre la imputación de este aforado por cohecho y prevaricación, como ha pedido el juez Eloy Velasco, el cabecilla de la trama no dejó títere con cabeza en su extenso relato judicial, informa ABC.

El juez José Castro atribuye "una actividad delictiva premeditada" al Instituto Nóos, entidad que considera que fue creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres para acceder a fondos públicos, según afirma en el auto en el que impone una fianza para ambos de 8.189.448,44 euros para hacer frente a las exigencias personales por una posible condena. Según el magistrado, crearon el Instituto para aparentar que no perseguían fines lucrativos y acceder así a fondos públicos mediante convenios. En ese contexto, Urdangarin recurrirá la fianza de 8,1 millones hasta la Audiencia Provincial. El juez aprecia «más que suficientes indicios» en su actuación al frente de Nóos y «transgresiones palmarias» de la ley. La defensa del duque de Palma recurrirá ante el magistrado y la Audiencia Provincial, asegura La Razón.

José Ángel Gutiérrez
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