• La institución de la Iglesia defiende que el Estado también "debe garantizar los derechos fundamentales" a los ciudadanos más débiles.
  • La medida supondría "un cambio de modelo que desprotege aún más si cabe a las personas más vulnerables" y aumentaría su "estigmatización".
  • Además, estas medidas "alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos".
  • Supondría "el inicio de una dualización del sistema sanitario: ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca".
  • Y para colmo, sería "poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro".
El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas un proyecto de orden por el cual desde el 1 de septiembre los inmigrantes ilegales se quedarán sin derecho a la atención sanitaria salvo que paguen 710 euros al año -59 euros al mes-. Los mayores de 65 años deberán pagar 1.864 euros anuales. El Ministerio puntualiza que sí serán atendidos de urgencia y siempre las embarazadas y menores.

Esta medida ha provocado el rechazo de Cáritas, la acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Según explica en una nota de prensa, Cáritas insta al Gobierno y partidos políticos a una "reflexión" sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre este del 'Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones', aprobado en el Congreso de los Diputados.

Cáritas destaca, ante la propuesta de esta nueva medida, que estas decisiones están siendo tomadas "sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales, ya que afecta a un cambio de modelo que desprotege aún más si cabe a las personas más vulnerables".

Asimismo, la acción sociocaritativa de la Iglesia muestra "su honda preocupación por el impacto que va a tener en las personas a las que acompaña la aplicación de esta medida, sobre la que también se ha  manifestado Cáritas Europa y otras organizaciones en la declaración 'El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico'".

Para Cáritas, esta medida "supone un cambio de modelo" que afecta fundamentalmente a "las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular".

Por ende, añade Cáritas, la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular "va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria" de esta iniciativa de la Iglesia, "que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia". De hecho, apunta, "el incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día".

En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas "alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención", explica la nota de prensa.

"Pensamos que se trata -añade- del inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura  distinta según el grupo de población al que se pertenezca". Y añade que "de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población, además de poco realista en cuanto a la eficiencia y el ahorro".

Como se ve, a Cáritas no le duelen prendas en poner los puntos sobre las íes. Y es que, ¿no habrá otras cosas que hacer, antes que quitar la atención sanitaria a los más desfavorecidos? La lista es larga: reforma de la estructura de la Administración (devolviendo competencias al Estado central desde las CCAA), eliminación de cargos y empresas públicas ineficientes, agrupamiento de municipios, eliminación de todo tipo de subvenciones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, y, en fin, acabar con el derroche del dinero público.

José Ángel Gutiérrez
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