-Telefónica, Iberdrola y Ferrovial se blindan frente al 'Brexit'. -Arcelor utilizará toda su ampliación para recomprar deuda. -Miles de placas de autoconsumo eléctrico se convierten en ilegales. -Los españoles quieren más pequeño comercio. -Las gasolineras de bajo coste llevan a Bruselas su guerra con las CCAA. -La incertidumbre política contrae el margen de negocio de las cotizadas. -Los inspectores reiteran su guerra con Restoy por el 'caso Bankia'. -Bruselas calcula que España no bajará el déficit al 3% hasta 2018. -Los partidos se replantean el coste y duración de las campañas electorales. -Rajoy, dispuesto a negociar con Sánchez sin ofertas ni límites previos. -Noruega niega el derecho a una pensión a más de 12.000 pescadores españoles. -España exigirá al G-20 acceso automático a las cuentas bancarias y datos fiscales de Panamá. -El Canal de Isabel II pagaba la seguridad de Ignacio González. -La información hallada en el zulo confirma que los yihadistas iban a atentar en Ceuta. -Las fortunas chavistas buscan refugio en Miami.   En España, la Guardia Civil detuvo ayer en Madrid al expresidente de Banesto Mario Conde por haber repatriado desde 1999 cerca de 14 millones de euros que mantenía en Suiza y Reino Unido y que se apropió de la entidad bancaria entre finales de los años ochenta y principios de los noventa. Junto al exbanquero fueron detenidos sus hijos, Mario y Alejandra, su yerno, Fernando Guasch, el abogado Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta y María Cristina Álvarez Fernández, que actuaban como testaferros de Conde. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública. En ese contexto, La Razón recoge las palabras de Mario Conde: "Si es la Guardia Civil es que viene con los deberes hechos". Conde ha colaborado en todo momento con los agentes y ha facilitado todos los datos y documentos que le han sido requeridos. La impresión, o al menos ésa era la que trataba de transmitir el que fuera presidente de Banesto, es que, como se suele decir, sabía que un día llamarían temprano a su puerta y no sería el lechero. Otra cosa es lo que realmente sintiera en su interior. Se trata de una persona, abogado del Estado, con muchas «tablas», al que es muy difícil sorprender en una situación por inesperada que sea. Los principales grupos españoles con negocios en Reino Unido, donde han invertido más de 50.000 millones, empiezan a diseñar planes de contingencia por si gana el 'Sí' a la salida de Reino Unido de la UE el 23 de junio. (Expansión) Arcelor utilizará toda su ampliación para recomprar deuda. (El Economista) Ayer terminó el plazo para el registro de las instalaciones de autoconsumo eléctrico, cuya ampliación habían pedido al Ministerio de Industria algunas asociaciones fotovoltaicas y ocho comunidades autónomas. Alegando problemas técnicos, apenas se han inscrito una veintena sobre los dos millares de instalaciones que se calcula existen en España. Todas estas son desde ayer ilegales y se exponen a sanciones que podrían alcanzar los 60 millones. Industria argumenta que el Gobierno está en funciones, aunque no descarta tratar la cuestión el próximo Consejo de Ministros. (Cinco Días) Los españoles son los ciudadanos de Europa más insatisfechos con la disponibilidad de tiendas minoristas en sus ciudades, según revela el Eurobarómetro sobre la 'Calidad de vida en las ciudades europeas' correspondiente al año 2015. La encuesta muestra el grado de satisfacción de más de 40.000 europeos con diferentes aspectos de la vida urbana, como los transportes públicos, los servicios sanitarios, las oportunidades de empleo y vivienda o las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. (La Vanguardia) Las gasolineras desatendidas, conocidas popularmente como fantasmas por la ausencia de personal en la instalación o 'low cost' por sus bajos precios, preparan ya una dura batalla contra la normativa autonómica que, según denuncian, frena su desarrollo y atenaza su cuota de mercado. Las principales marcas que operan este tipo de establecimientos han decidido asociarse para denunciar ante la Comisión Europea la violación del Tratado de Funcionamiento de la Unión en lo que se refiere a las restricciones para la apertura de establecimientos comerciales. Estas instalaciones ofrecen un descuento medio de seis céntimos por litro de carburante. (El Mundo) La incertidumbre política contrae el margen de negocio de las cotizadas. (El Economista) Los inspectores reiteran su guerra con Restoy por el 'caso Bankia'. (El Economista) España necesitará dos o tres años más para situar el déficit por debajo del 3%, según los cálculos de la Comisión Europea. Bruselas, que ya había concedido un año más, el actual, para enderezar las cuentas públicas, se verá obligada a otorgar una cuarta prórroga hasta 2017 o 2018. De confirmarse el cambio de calendario, España se verá sometida a un mayor control presupuestario. (Cinco Días) El fracaso de las negociaciones y la posibilidad, cada vez más nítida, de tener que repetir elecciones en junio ha resucitado el debate sobre el coste y el formato de las campañas electorales. Acortarlas supondría "una buena noticia", dijo este lunes el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, "para no atormentar a los ciudadanos con dos semanas de mítines". Hacerlo precisaría cambiar la ley electoral, pero los partidos comparten, en general, la necesidad de que sean más austeras. (El País) Rajoy, dispuesto a negociar con Sánchez sin ofertas ni límites previos. Lo único que tiene sobre la mesa el PP, y que ya le remitió a Pedro Sánchez, es el acuerdo de cinco pactos, en los que sólo se ha puesto el enunciado: pacto por la educación, pacto por el empleo, unidad de España, lucha contra la corrupción, y reformas estructurales. Se trata de sentarse para negociar cómo se rellenan esos acuerdos. Pero, claro, para sentarse hay que entablar una conversación. La anunciada llamada de Mariano Rajoy sigue pospuesta porque el PP y su presidente no están dispuestos a recibir otro "no" del secretario socialista. (La Vanguardia) Noruega niega el derecho a una pensión a más de 12.000 pescadores españoles que trabajaron durante más de cuatro décadas en barcos noruegos (El Mundo) El G-20, que reúne a las mayores economías del planeta, se centrará esta semana en estrechar el cerco sobre los paraísos fiscales y España reivindicará un mayor control sobre estos territorios. Los ministros de Economía de este club se encontrarán el próximo jueves en Washington para tal fin y el titular español, Luis de Guindos, propondrá al G-20 que obtenga un compromiso de Panamá para que todos los países firmantes puedan acceder de forma automática a la información tributaria y financiera (cuentas bancarias, participaciones, etc...) de empresas y clientes en el país caribeño, señalan fuentes de Hacienda. (ABC) El Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha pagado parte de la seguridad del ex presidente regional Ignacio González hasta hace un mes. El director de Seguridad, Luis Miguel Garrido, admite que el centro de control del ente ha recibido las incidencias del domicilio y que «se mandaban patrullas». González, que fue presidente del Canal de 2003 a 2012, niega conocer los hechos y dice que él «se paga su seguridad». (El Mundo) El análisis del contenido del «pendrive» (dispositivo de almacenamiento informático) hallado días pasados en Ceuta, en un zulo en el que había varias armas en perfecto estado de uso, ha permitido confirmar que pertenecen al mundo del yihadismo, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Asimismo, se investigan las razones por las que la banderola con el símbolo del Daesh, el Estado Islámico, que estaba en el mismo escondite, tenía los colores invertidos; es decir, los que debían ser blancos, estaba en negro, y viceversa, por si se trata de algún tipo de mensaje para los que tenían que recoger las armas. Las élites de Venezuela que hicieron fortuna bajo el manto del chavismo, los denominados boliburgueses, han encontrado en Miami un refugio para proteger su dinero. No se sabe con precisión cuántos ni quiénes son, pero sí que algunos están haciendo importantes inversiones en esta ciudad del Estado de Florida a la que, en la última década, han llegado miles de venezolanos huyendo de la inseguridad y las carencias que sufre el país. Los representantes del exilio y de la oposición se han movilizado para localizarlos y denunciarlos ante las autoridades de Estados Unidos. (El País) José Ángel Gutiérrez [email protected]