Hace ya un año la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, comunicaba que en los hospitales públicos de la región no se practican abortos porque todos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia. Ahora, un año después y con la Ley Montero aprobada, la cosa no parece ir mejor. 

La política del PSOE ha recordado, muy preocupada ella, que en la región no hay médicos en la sanidad pública que quieran llevar a cabo abortos: no entendemos por qué, quizás porque estudiaron medicina para curar, no para matar bebés. 

Fernández ha asegurado que el Gobierno regional lleva tiempo intentando "captar" a algún especialista fuera de la sanidad pública para que se incorpore al Sescam, pero es "muy difícil", reconoce: "No hay profesionales de la medicina, como ustedes saben, en paro precisamente, y menos de la ginecología", y menos con ganas de perpretar abortos, le ha faltado decir. 

Fernández ha justificado a su Gobierno porque lo que están haciendo es "cumplir la ley y respetar la objeción de conciencia" porque "como no podemos obligar a nadie", "también estamos en la obligación y además creemos en el respeto a la objeción de conciencia", "respetamos la decisión de los profesionales". ¡Faltaría más!

Y es que a la progresía se le 'olvida' que el aborto es un asesinato. Y da igual las cuestiones periféricas que trae consigo esta ley. Lo único que importa es que el aborto es el asesinato más cobarde que existe, sobre el ser más inocente e indefenso de todos y perpretado por la propia madre. Irene y compañía lo ven un derecho y lo consideran "un medidor fundamental de calidad democrática", pero la realidad es que ver y perpetrar tal masacre, sigue removiendo conciencias.