Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que ha comunicado que en los hospitales públicos de la región no se practican abortos porque todos los profesionales están acogidos a la objeción de conciencia. Ha destacado que se trata de un derecho "constitucionalmente reconocido".

Fernández ha subrayado que en los hospitales de la comunidad autónoma sí que se practican interrupciones del embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre y del feto. Y añadía "ahí no hay ningún tipo de objeción de conciencia, al menos que yo tenga conocimiento".

La portavoz ha asegurado que en Castilla-La Mancha una mujer que quiera abortar puede hacerlo en dos clínicas concertadas, ubicadas en Albacete y Ciudad Real. Pero afirma que "no encontramos la fórmula" para cumplir con las exigencias de la nueva Ley del Aborto de Irene. Por lo que Fernández espera que "a lo largo de la tramitación y las próximas semanas y meses se nos puedan dar instrucciones de cómo se va a producir". 

Para esto, la nueva ley contempla dos posibilidades, una “cláusula de proximidad al domicilio” por la que las mujeres que quieran abortar podrán ser desplazadas al centro sanitario “más cercano” posible. Y otra, las consejerías de sanidad de cada autonomía podrán establecer “las medidas a poner en marcha” para garantizar el aborto, ya sea “a través de incentivos que permitan prestigiar la prestación” de esta asistencia o con otro tipo de fórmulas, tal y como informa redacciónmedica.

Incentivos que permitan prestigiar la prestación y lista negra de objetores, suena a castigar al objetor y premiar al que pase por mancharse las manos.