El objetivo no es novedoso. La asfixia a la concertada planea sobre este tipo de centros desde los inicios del Gobierno Sánchez. Ya con Isabel Celaá, en su día Ministra de Educación - la ley que lleva su nombre persigue a la educación concertada - se ponía en el punto de mira, especialmente a la religiosa-.

La historia se repite, pero ahora, de la mano de Sumar. La formación liderada por Yolanda Díaz ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para suprimir progresivamente los conciertos educativos mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos. Y todos sabemos a estas alturas en qué consiste para Yolandísima conceptos como diálogo o negociación. Y si no, que se lo pregunten a la patronal, a cuenta de la subida del SMI.

Volviendo a la iniciativa sumarita, ésta pide al Ejecutivo que celebre una mesa sectorial con las comunidades autónomas y administraciones competentes "con el fin de establecer una red escolar pública única, que no derive recursos públicos a financiar opciones privadas". Traducido: en su afán por asfixiar a la concertada, la PNL de Sumar ataca donde más duele a los promotores de centros concertados, con una proposición no de ley en el Congreso que obligue a las administraciones competentes a no destinar suelo público (sea de titularidad municipal o regional) para construir este tipo de centros. 

Y es que, en Hispanidad no nos cansamos de repetirlo, la concertada es en su mayoría, católica -casi el 70% del total- y a pesar de que el Ejecutivo sociopodemita y sumarita se empeñe en afirmar lo contrario, resulta accesible para todos los estratos sociales. Por esa razón, los padres, cuando pueden elegir este tipo de educación, lo hacen. 

De hecho, entre las razones que da la formación liderada por Yolanda Díaz está que los centros concertados "generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos". 

Algo que hay que tener siempre muy presente cuando hablamos de educación en estos tiempos y con este Gobierno es que que, pesar de aquella famosa reflexión de doña Isabel Celaá “los hijos no son de los padres, sino del Estado”, a quien no le pertenecen los hijos es, precisamente al Estado, que con sus leyes educativas quiere hacer de ellos individuos ignorantes, perezosos y con un cerebro lavado por la educación sexual y afectiva que tan a gala lleva este Gobierno Sánchez. 

Así pues, el portal Peticiones Católicas acaba de iniciar una campaña de recogida de firmas en contra de la medida de Sumar, que quiere acabar con la concertada. Se puede firmar en este enlace. 

Y, ojo, porque una vez más, por supuesto, intencionadamente, olvidan sumaritas, podemitas y sanchistas una realidad, digamos de contenido económico, la concertada le ahorra al Estado más de 5.000 euros por alumno. Sin embargo, el Gobierno intenta asfixiarla...