Desde los inicios de la norma, venimos insistiendo en Hispanidad en que la ley Celaá persigue a la educación concertada -especialmente a la religiosa-, pervierte a la  infancia con sus contenidos centrados en ideología de género, promociona la vagancia, eliminación de la demanda social y el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, y pretende también eliminar los centros de educación especial.

Pues bien, ahora el Tribunal Constitucional avala esta ley abriendo al puerta a todos los aspectos anteriores. Recordemos ejemplos de cada uno de esos puntos:

la ley Celaá persigue a la educación concertada -especialmente a la religiosa-. Con su decisión y en lo que a la financiación de la educación de la concertada se refiere el Tribunal Constitucional considera que la Ley Celaá es conforme a la Carta Magna, por lo que ha rechazado de forma íntegra-con cuatro votos en contra- el recurso de inconstitucionalidad que interpuso Vox y considera que la norma no vulnera el derecho a la educación y la libertad de enseñanza garantizados en el artículo 27 de la Constitución. El Pleno invoca la amplia libertad de configuración del legislador en el desarrollo de estos derechos, el Pleno concluye que la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada no es contraria a la igualdad.

Pero ocurre que tal decisión afecta de lleno a los centros concertados que -a diferencia de los estrictamente privados- son los que reciben dicha financiación pública. De manera que, acorde con tal decisión del TC, los centros concertados que impartan educación diferenciada, no recibirían tales fondos públicos. Y eso que al contribuyente español un alumno de la concertada le cuesta 3.000 euros/año. El alumno de la pública le cuesta el doble: 6.000 euros

-Respecto a la enseñanza religiosa, centrémonos en la asignatura de Religión católica para la que todo son trabas. En su día, les contamos en Hispanidad que Religión sería evaluable pero no computaría para acceder a la universidad ni para pedir becas. Ya entonces la patronal Escuelas Católicas explicaba: "En la Lomce aparecía en el listado de asignaturas a elegir. Y en la Lomloe no aparece, por lo que puede suponer una carga para los alumnos que la elijan. Supondría una ampliación de horario y una asignatura más para estudiar.

-Vamos con el adoctrinamiento en las aulas y la perversión de la infancia a través de contenidos relacionados con ideología de género: un ejemplo y muy reciente: Un padre denuncia la educación sexual en el colegio de sus hijos: a las niñas se les enseña "a frotarse las vaginas para darse placer" y a los niños a "meterse un dedo en el ano y frotarse la próstata". Hacia esto camina la ley Celaá. Ojo, porque en este punto, el TC considera que la educación "no es mera transmisión de conocimientos, es también formación humana". Es decir, ideología de género igual a "formación humana".

- Premiar al vago. Para que se hagan una idea: se aprueba el nuevo currículo de la ESO: con «perspectiva de género» y sin pruebas de recuperación, con 'la guerra del 36'... y sin alusiones al terrorismo de ETA. Así, la nueva generación de alumnos y alumnas formada por las enseñanzas del Gobierno Sánchez será afectiva, emocional, igualitaria y nada traumatizada por los suspensos. Esto promete.

- La ministra dejó claro que eliminará el criterio de la demanda social para definir la oferta de plazas de la concertada, con el objetivo de defender la educación pública como eje vertebrador del sistema. ¿Y esto que quiere decir? Pues, que será el Estado el que eduque a los hijos, no los padres, bajo la premisa de la ya tan famosa sentencia de doña Isabel Celáa: “los hijos no son de los padres, sino del Estado”.. Y será el Gobierno el que decidirá dónde se ubicarán los colegios concertados, no el requerimiento de los progenitores de llevar a sus niños a esos centros, lo que implica que elimina también el derecho de los padres a decidir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. En definitiva, ataca de lleno la libertad de enseñanza.

Y es aquí donde, recientemente, los obispos españoles, ¡por fin! han hablado: La Iglesia reclama a Sánchez el cheque escolar: pagar a los padres la educación de sus hijos y que sean los padres quienes elijan el colegio al que acuden sus hijos.

-No nos olvidemos tampoco de la educación especial, que, al parecer, también le sobra al Gobierno Sánchez. De hecho, uno de sus socios, Podemos, en un acceso de 'genialidad' proponía eliminar la educación especial, para acabar con la "estigmatización" de los niños "que sufren alguna discapacidad". Señores y señoras de Podemos, a esos niños hay que integrarlos, no 'desintegrarlos', sacándolos de su realidad para adaptarlos a un mundo diseñado por quienes no están familiarizados con sus necesidades o, simplemente no quieren verlas.

¡Ah! , y por último, recordemos la mucha coherencia por parte de la precursora e impulsora de la ley Celaá, doña Isabel, cuyas nietas asisten a un colegio concertado... y religioso. Al igual que ella, que no sólo estudió en un colegio de monjas sino que, ya adulta y, por tanto, con capacidad de elección, fue profesora del mismo.