El ex consejero de Banesto, intervenido por el Banco de España en 1993, se querella por apropiación de dinero público contra Emilio Botín, Luis Ángel Rojo (ex gobernador y hoy consejero del Santander), Miguel Martín ex subgobernador hoy presidente de la patronal bancaria AEB, contra Alfredo Sáez actual consejero delegado del SCH y contra todo el equipo que reflotó Banesto. No es la querella del caso Banesto, sino la del reflotamiento de Banesto, lo que podríamos llamar el Caso Banesto II. La línea directriz de la misma no es si Banesto debió ser intervenido, sino el dinero público concedido a Botín para reflotar Banesto y que luego no fue utilizado en aplicar morosidad porque la morosidad no era tan elevad como pretendía el Gobierno. Pérez Escolar, calcula que el Gobierno aportó 750.000 millones de pesetas (4.500 millones de euros) y que el fraude fiscal consiguiente se leva a 262.000 millones de pesetas (1.570 millones de euros)

En el primer Caso Banesto se juzgó a Mario Conde y su equipo, que fueron condenados a distintas penas de prisión. En lo que podríamos llamar Caso Banesto II, a quien se juzga es a los cargos de Banco de España que intervinieron la entidad (para ser más exactos, destituyeron a los administradores), y al banco que se hizo con Banesto y recibió las ayudas oficiales para su reflotamiento, es decir, el Santander de Emilio Botín.

Quien presenta la querella es Rafael Pérez Escolar, ex consejero condenado junto a otros vocales por el Caso Banesto I, y que mantiene desde entonces un pulso con Emilio Botín y con el Banco de España que intervino Banesto en tiempos de Felipe González. En aquel momento, el gobernador era Luis Ángel Rojo, hoy miembro del Consejo del Santander, y el subgobernador Miguel Martín, hoy presidente de la patronal AEB. Asimismo, contra todo el equipo que reflotó Banesto a las órdenes de Alfredo Sáenz, hoy consejero delegado del Santander y el ejecutivo mejor pagado de España.

Según una exposición de motivos de Pérez Escolar, Banesto no sólo no tenía que haber sido intervenido, sino que se exageró el déficit patrimonial de la entidad y sobe todo, quien resultó beneficiado en nada menos que 327.000 millones de pesetas o 1.960 millones de euros- fue el Santander de Emilio Botín, que no sólo recibió 4.500 millones de euros (Pérez Escolar calcula que el coste para el erario público ascendió a 4.500 millones de euros), sino que la no utilización de esos fondos públicos para una morosidad artificialmente exagerada produjo un delito tributario que cifra en 1.570 millones de euros.

En definitiva, la tesis del querellante es que, al final, el Santander consiguió convertirse en el primer banco de España gracias a un Banesto que le regalaron y que, además, le sirvió para embolsarse cerca de 2.000 millones de euros. Y, consiguientemente, Botín se convirtió en el banquero más importante del país. Si la Audiencia admite a trámite la querella, se juzgará la mayor intervención financiera de los últimos tiempos en España.

Para Hispanidad, el caso Banesto puede resumirse así: ¿Existían razones económicas para intervenir, dada la pésima gestión de Mario Conde? Sí, las había. ¿Fueron las razones económicas las que llevaron a la intervención? No, porque junto a esa razones había otras razones, de carácter espurio : el deseo que tenía Felipe González de librarse de quien entonces consideraba su peor enemigo político : Mario Conde. En este sentido, el Caso Banesto se parece al caso Rumasa, con su correspondiente coincidencia de motivaciones económicas reales y motivaciones políticas inconfesables.