El presidente del patronato Juan XXIII, Luis Arroyo, recibía este miércoles la visita de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, quien aprovechaba para lanzar su mitin abortero. Arroyo no se aguantó y le interrumpió a la ministra para afirmar: Como presidente del patronato Juan XXIII digo y ratifico que el aborto no es un derecho. La ministra no sabía donde meterse y responde con sonrisa de circunstancia: Bueno, es una opinión que como todas es respetable. ¿Pero es que el Gobierno considera que es un derecho? No figura ni siquiera en la Ley Aído. Tampoco la vicepresidenta De la Vega se atreve a afirmarlo. Porque la vice sabe que si lo hubieran redactado como un derecho no habría pasado los filtros del Tribunal Constitucional. De ninguna de las maneras.
Por cierto que el Tribunal Constitucional no parece tener ninguna prisa para resolver la petición de suspensión cautelar de la Ley Aído. Y eso, a pesar de que los daños que se puedan producir son irreversibles. Una falta de seguridad jurídica grave. Como la que supone que a estas alturas estén todavía redactando la sentencia del Estatut una vez anunciada. ¡Increíble! Primero se anuncia y en función de la respuesta se matiza la redacción. Lo del gitano: juicios tengas y los ganes.
Andrés Velázquez
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