La Primer Ministro de Italia, Giorgia Meloni, ya lo advirtió. Anunció que emprendía una lucha contra la okupación que asola al país: "La era en la que el Estado da la espalda al frente de la legalidad ha terminado: por eso, entre tantas operaciones sobre el tema, el Gobierno ha iniciado su propia batalla contra las ocupaciones ilegales", aseguraba en sus redes sociales. 

La lucha contra la okupación es algo que Meloni ya llevó en su proyecto durante la campaña electoral, anunciando que, de ganar las elecciones, presentarían un proyecto de ley "que prevé el desalojo inmediato de las ocupaciones ilegales de viviendas ajenas, sin excepciones ni estratagemas. Todo dueño, arrendatario, cesionario de un inmueble, si sufre la ocupación ilegal de su casa, tendrá de su lado al Estado”.

Y ahora ha cumplido su palabra con un nuevo decreto de seguridad que incluye nuevos delitos y el endurecimiento de penas. Catorce nueve delitos se incluyen en el texto, uno de ellos es la “ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno”, con pena de cárcel de dos a siete años. Asimismo, queda esclarecido un procedimiento de urgencia para la liberación del inmueble okupado.

"La legalidad y la seguridad son pilares de la libertad. Y seguiremos defendiéndolas con determinación", ha asegurado la propia Meloni, que ha conseguido sacar su norma adelante tras la la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento. Y añadió que su Ejecutivo protege "a las familias, a los ancianos y a los propietarios honestos" y refuerza "las herramientas a disposición de las fuerzas del orden". Y es que,  otra de las medidas otorga “protección jurídica específica” para policías o militares investigados o imputados como consecuencia de sus actos de servicio.

"Con la aprobación definitiva del decreto de seguridad, el Gobierno italiano da un paso hacia adelante para reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres en uniforme".

El nuevo decreto es visto por la oposición como una "deriva autoritaria" ante la que sienten "vergüenza", lo que hizo que se sentaran en el suelo de la Cámara Alta en señal de protesta. ¿El motivo? Otra cosa que se prohíbe es manifestarse interrumpiendo el tráfico de calles, plazas, carreteras, vías de tren o la ejecución de obras públicas, para lo que se establecen penas de cárcel hasta de seis años.

Además, las agencias de seguridad italianas, a partir de ahora, podrán participar en grupos terroristas y mafiosos para conseguir infiltrarse. Es más, se tipifican nuevos delitos vinculados a la posesión de material que contenga informaciones de cómo llevar a cabo actos terroristas, de cómo emplear explosivos o sobre cómo perpetrar delitos contra cargos del Estado. 

Quizás en Italia la okupación no es un bulo como en España.