La Primer Ministro de Italia sigue dando que hablar. Si ayer contábamos que se cargaba la Italia subvencionada al eliminar las ayudas para hacer que los edificios sean "más eficientes energéticamente" por "excesivo" gasto público", ahora Giorgia Meloni ha anunciado que emprende una lucha contra la Okupación que asola al país: "La era en la que el Estado da la espalda al frente de la legalidad ha terminado: por eso, entre tantas operaciones sobre el tema, el Gobierno ha iniciado su propia batalla contra las ocupaciones ilegales", ha asegurado en sus redes sociales. 

"Ahora este gobierno va a la guerra contra las ocupaciones ilegales, empecemos por los desalojos”, anunciaba Meloni, “Se acabó la era en la que el Estado mira para otro lado frente a la legalidad: la vivienda pública va a parar a los necesitados”, sentenciaba la italiana. 

El fenómeno de la okupación lleva años tomando protagonismo en el país, con miles de viviendas, tanto públicas como privadas, okupadas de manera ilegal. Según datos de Confedilizia, la Confederación Italiana de la Propiedad de la Construcción, solo en Roma hay casi 7.000 viviendas ocupadas y 92 edificios, de los que 66 son de uso residencial, llegando a haber un edificio que está okupado desde hace 14 años. En Génova sería 200 viviendas, en Palermo unos 3.000 apartamentos, incluso Venecia lo sufre con 19 ocupaciones y 14 "invasiones" de suelo. 

La lucha contra la okupación es algo que Meloni ya llevó en su proyecto durante la campaña electoral, anunciando que, de ganar las elecciones, presentarían un proyecto de ley "que prevé el desalojo inmediato de las ocupaciones ilegales de viviendas ajenas, sin excepciones ni estratagemas. Todo dueño, arrendatario, cesionario de un inmueble, si sufre la ocupación ilegal de su casa, tendrá de su lado al Estado”.

En pasadas legislaturas su partido ya presentó en el Parlamento algunos proyectos con disposiciones sobre la materia, como la de Edmondo Cirielli (Hermanos de Italia), que proponía rescribir algunos artículos del código penal, introduciendo penas de prisión de hasta 4 años y multas de 750 a 2.000 euros en caso de okupación de tierras y en caso de inmuebles con penas de 2 a 7 años y multas de 3.000 a 7.000 euros.