El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, que instruye la causa abierta al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, ha citado a declarar el próximo 12 de marzo como testigos en este caso a la exdirectora del secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno Pilar Sánchez Acera y al exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés Vives, según la nota de prensa del CGPJ. 

Pilar Sánchez Acera fue directora del Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Y fue noticia porque se le atribuyó a ella, a finales del pasado año 2024, el envío al exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato del correo del novio de Díaz Ayuso sobre sus tratos con Hacienda con el fin de que el entonces líder del PSOE madrileño lo utilizase contra la presidenta madrileña en un pleno de la Asamblea regional, lo que elevó las sospechas de su filtración como una posible operación entre Moncloa y la Fiscalía General del Estado para destruir a una rival política, como recogió Hispanidad.  

Por cierto que García Ortiz está llamado a comparecer hoy martes, a partir de las 16:00 horas, en la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023. En el orden el día también figura que tiene que dar cuentas "de su gestión al frente de la Fiscalía", por lo que seguramente será interrogado por los señores senadores acerca de su investigación en el Supremo por presuntamente haber revelado secretos sobre un particular (Alberto González Amador, novio de la presienta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso).

También se ha sabido hoy que el PP ha denunciado a García Ortiz ante la Comisión Europea por "desvío del Estado de derecho" en el caso de la pareja de Ayuso. Y ha pedido al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputación del fiscal general del Estado español. 

En opinión de los populares, continuar en el cargo de fiscal general mientras está siendo investigado por una supuesta operación de Estado para derribar a una rival política es "abuso de poder" y "dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa". 

Además, añaden, eliminar "dos veces" sus mensajes de WhatsApp y de correo electrónico el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo, se trata de un "evidente caso de obstrucción a la Justicia".

"Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No dejemos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de Derecho", asegura el PP en un escrito al comisario de Justicia, Michael McGrath.  

"Pero aún más grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces", denuncia el PP en su escrito. 

Ahora está por ver si el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Michael McGrath, hace algún caso al PP…