La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el ámbito del derecho constitucional. 

En España, el CGPJ está formado por 20 vocales, de los cuales 12 son jueces procedentes de la carrera judicial y 8 son juristas de reconocida competencia. Pero los 20 son elegidos por los políticos, diez por el Congreso y diez por el Senado.

El pasado mes de febrero, la presidenta del CGPJ español, Isabel Perelló, consultó a la Comisión de Venecia sobre cómo elegir a los doce vocales de procedencia judicial del Consejo. 

Y le presentó dos opciones posibles: una, la propuesta del sector conservador del CGPJ, que abogaba por que esos doce vocales sean elegidos por sus pares "sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección". Y otra, la del sector progresista, que defendía que los jueces participasen de forma "directa" en la elección de los doce vocales, pero con el refrendo posterior de las Cortes Generales. 

El Gobierno español de Pedro Sánchez, por medio del ministro de Justicia Félix Bolaños, defiende la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ en el que intervengan los políticos, mediante la elección de una parte de sus miembros por el Congreso y el Senado. Es decir, se ha posicionado a favor de la propuesta progresista. 

Y esa postura que Félix Bolaños fue la que trasladó a los integrantes de la Comisión de Venecia que visitaron Madrid el pasado mes de septiembre: la vicepresidenta de la Comisión, la italiana Marta Cartabia, así como la suiza Regina Kiener y el francés François Seners.

Pues bien: tras la consulta de Perelló, la Comisión de Venecia ha redactado unas recomendaciones para la elección de los vocales del CGPJ. 

Y estas recomendaciones son totalmente opuestas a la postura progresista. En concreto, apoya que los miembros de instituciones como el CGPJ "deben ser jueces elegidos por sus pares de forma que se garantice una amplia representación del poder judicial". Pero es que, además, enfatiza que el sistema de elección debe estar protegido no solo de "la influencia política externa" sino también de "la politización interna". "Es decir, no solo de la interferencia directa de actores políticos, sino también de la dependencia indirecta o la alineación con dichos actores, en particular a través de las asociaciones judiciales".

A juicio de la Comisión de Venecia, "las dos opciones desarrolladas por el CGPJ difieren principalmente en la participación del Parlamento en el proceso electoral". La iniciativa de los conservadores "cumple con el estándar de elección entre pares, pero no es suficiente para descartar la politización interna, y recomendó medidas adicionales". Mientras que sobre la propuesta de los progresistas apunta que "si bien introduce una fase de elección directa por los jueces, no cumple con el estándar de elección entre pares, ya que deja la decisión final en manos de un órgano político".

En cualquier caso, el dictamen de la Comisión de Venecia supone un duro varapalo para el Gobierno sanchista, pues subraya que su propuesta “no cumple con los estándares europeos”: "La legitimidad del poder judicial y de los consejos emana de la Constitución, del respeto a las leyes, del principio de legalidad y de la confianza de los ciudadanos, no de acuerdos políticos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo". 

Además, los expertos de la Comisión de Venecia desmontan el argumento de Bolaños de que si los jueces son elegidos por los jueces, el CGPJ siempre será de corte 'conservador' y explican que no se entiende con qué base se puede afirmar «que el sistema judicial en bloque puede calificarse de conservador». 

Además, contradicen el argumento de Bolaños de que el CGPJ caería en el "corporativismo", señalando que existen otros ocho vocales que no son de procedencia judicial, sino de otros sectores jurídicos, lo que le proporcionaría al CGPJ la necesaria «pluralidad».