Gabilondo defiende el decreto antidesahucios del Gobierno
Cuando el PP presentó su ley anti okupas, lo advertimos, el verdadero problema son los inquiokupas, no los okupas. Hablamos de aquellos casos en los que el inquilino deja de pagar el alquiler, pero sigue habitando y disfrutando de la vivienda. Representan el 70% de los casos de okupación, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Este es el caso de Francisco, un jubilado de 75 años que cuenta su historia a Libre Mercado: hace tres años decidió alquilar una casa que había heredado de sus padres en Málaga. Con este alquiler podría tener un complemento a su pensión, ya que su mujer no recibe ningún subsidio del Estado.
Acudieron a una inmobiliaria para ponerlo en alquiler, cuál fue su sorpresa cuando una de las trabajadoras se interesó y el mismo día dejaron el contrato firmado. Primero empezó a retrasarse en los pagos, para finalmente dejar de pagar, ya son 10 meses sin cobrar, por lo que Francisco comenzó su periplo judicial y administrativo para echar de su propiedad a la okupa.
"Desde el primer momento empezó a retrasarse con los pagos, así que le dimos un tiempo prudencial y luego recurrimos al seguro", cuenta su hijo, por lo que decidieron enviarla un burofax: "Su única respuesta fue decir que la estábamos acosando, así que cortamos cualquier comunicación con ella por miedo a que nos denunciara". Por lo que decidieron ponerlo en manos de los tribunales.
Es vergonzoso que utilicen a unos ancianos de 75 años como escudo social", asegura el hijo de un matrimonio de propietarios que tienen una inquiokupa. "Ahora estamos a la espera de que se fije una fecha para el juicio, pero el propio juez advierte de que, en cualquier momento, la parte demandada puede volver a lo mismo y otra vez que se paraliza todo"
Han ordenado el desahucio varias veces, pero cada vez que esto ocurre, la inquiokupa alega vulnerabilidad, por lo que el juez inicia el plazo para que lo acredite, la inquiokupa no lo acredita, por lo que se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero la inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar una y otra vez.
"Cuando ordenan el desahucio, ella alega vulnerabilidad y el juzgado le da diez días para acreditarlo. Al cabo de los meses, nos llega un auto en el que el juez dice que no lo ha acreditado con los documentos que se exigen y que, por tanto, archiva la pieza y el proceso continúa, pero entonces ella vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad y vuelta a empezar".
"Es vergonzoso que utilicen a unos ancianos de 75 años como escudo social", asegura su hijo. "Ahora estamos a la espera de que se fije una fecha para el juicio, pero el propio juez advierte de que, en cualquier momento, la parte demandada puede volver a lo mismo y otra vez que se paraliza todo".
"La legislación es maligna, porque permite jugar con la picaresca e invocar esa vulnerabilidad indefinidamente", lamenta Francisco. "Es un despropósito, un sin sentido".
"Estamos hablando de que, además de lo que están dejando de percibir, están teniendo que hacer frente a 170 euros al mes de comunidad, más el IBI, más el seguro de esa vivienda"
La desesperación primero hizo que recurrieran al Ayuntamiento de Málaga, donde se sometieron a una intermediación: "Le ofrecieron ayudas y no las aceptó".
De ahí recurrieron al Defensor del Pueblo: "Han dejado por escrito que el derecho a la propiedad privada en España está, de facto, abolido".
Ángel Gabilondo tuvo a bien indicarles que "La medida responde a una finalidad social –la protección de las personas en situación de vulnerabilidad–, que incide de forma mínima y temporal sobre la posesión o capacidad de disposición, incidencia que además podrá ser objeto de compensación económica".
"¿Cómo que incide de forma mínima? ¿Le parece poco que unos jubilados que alquilan su vivienda para complementar su pensión lleven diez meses sin recibir ni un euro?". Además, "lo de la compensación económica es mentira... para recibirla necesitas un auto de un juez que diga que tu inquiokupa es vulnerable y que, por tanto, es la administración la que se tiene que hacer cargo de él. Sin embargo, si nunca lo acreditan, ese auto no existe y, por tanto, tú no puedes recibir nada durante los dos o tres años que tardes en echarle legalmente".
