Sr. Director:
Ante el anuncio de la visita del Papa León XIV a España, surgen diversas cuestiones que trascienden del mero aspecto folklórico o de animación que rodeará este evento. No me inquieta el contenido de las homilías que se pronunciarán en los actos litúrgicos programados, pues confío plenamente en que se ajustarán a las normas litúrgicas y teológicas y, sobre todo, en que transmitirán fielmente el mensaje evangélico.
Sería deseable, no lo dudo, que este mensaje recogiera la aspiración de San Pablo reflejada en la Primera Epístola a los Corintios, donde, con humildad pero firmeza, declara: “no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y a éste crucificado”. El misterio de la Cruz constituye la raíz de nuestra fe, que para los gentiles resulta una piedra de escándalo. Espero que, en los actos previstos, aflore el sentimiento y la sed de lo divino.
Para mí, el ser cristiano es, ante todo, un sentimiento que debe estar siempre por encima del conocimiento. En este sentido, discrepo de la nota emitida por el Obispado español acerca de los movimientos que se apoyan en el sentimiento. Sin sentimiento no hay amor, y sin amor no podemos conocer al Señor, quien siempre viene en nuestra ayuda. Así lo expresa la Primera Carta de San Juan 4:8 y 4:16: “el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”. Asimismo, la Encíclica de Benedicto VI, Deus Caritas est, subraya esta idea fundamental.
Más allá de estas consideraciones espirituales, existe una inquietud particular respecto a la posible intervención del Papa en la sesión conjunta con el Parlamento español. Como católico, considero fundamental que se haga referencia explícita a ciertos asuntos en su discurso, pues ese Congreso de los Diputados está apoyando a un Gobierno que dista mucho de la pretendida neutralidad que pregona el art.16.3 de la CE y en modo alguno tiene en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y desearía volver a la Constitución del año 1931.
No puede Su Santidad ignorar que en las Cortes Generales existe una mayoría, de momento, que niega una realidad histórica de España: la persecución sufrida por la Iglesia Española durante el periodo de la Segunda República.
Dicha persecución, pues no puede llamarse de otra manera, se tradujo en el asesinato de 6.832 religiosos, sin contar el número de laicos que perdieron la vida por tener y practicar la fe cristiana. Actualmente se aprobaron leyes orientadas a borrar la memoria real de lo sucedido en nuestra patria. Cabe recordar que, entre los mártires de esta persecución, se encuentran nada menos que 155 religiosos de la orden de los agustinos, quienes fueron arrancados literalmente del Monasterio de El Escorial, donde realizaban tareas docentes, para ser llevados al martirio.
A pesar de la magnitud de estos crímenes, ninguno de los partidos integrados en el Frente Popular del Gobierno de la Segunda República de 1936 —comunistas y socialistas— ha mostrado el menor arrepentimiento ni ha pedido perdón por estos hechos.
Por ello, considero que la posición de la Iglesia debe ser clara y precisa: todos ellos murieron perdonando a sus verdugos y manteniendo la fe hasta el final, alcanzando la palma del martirio. No son mártires del Siglo XX, como les denomina la CE, son mártires de la Segunda República.
Es a esta Segunda República a la que estos partidos pretenden volver, cuya Constitución consideraba a todas las confesiones religiosas como meras asociaciones, sometidas a una ley especial, declaraba disueltas aquellas órdenes Religiosas que estatutariamente impongan además de los tres votos canónicos otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, procediéndose a la nacionalizción de sus bienes con la prohibición de continuar con sus labores. En virtud de esta disposición ,mediante decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 24 de enero de 1932 ,a la Compañía de Jesús no se la reconoce personalidad jurídica y los religiosos y novicios de la Compañía de Jesús cesarán en su vida en común dentro del territorio nacional , procediéndose a la nacionalización de todos sus bienes. El art. 26 de la Constitución de 1931, prohibía a las órdenes religiosas el ejercicio de la industria, el comercio o la enseñanza, además en cuanto a sus propiedades las sometía a una nueva desamortización.
Estas sombras del pasado aparecen en un Gobierno que pretende desacralizar templos, proteger la desaparición de cruces que a lo largo de la geografía española recuerdan a quienes dieron su vida por su fe, proclamarse pacifista mediante un No a la guerra, pero si al aborto que priva del derecho a la vida a más de cien mil seres al año, con la pretensión de elevar el aborto a la categoría de derecho, con la imposición de normas que atentan contra la esencia de la persona (eutanasia y leyes trans).
Como católicos rogamos a SS que refleje en sus palabras lo que día a día pedimos al Señor: Venga a nosotros tu reino.










