El gobierno municipal de Ada Colau ha impuesto una multa de 417.000 a Vauras Investment, la inmobiliaria que ha denunciado a miembros de su equipo por presunta connivencia con okupas. La administración local ha sancionado a la compañía con 417.000 euros por, dicen, no ofrecer alquiler social a los allanadores...si han allanado una vivienda ¿tendrán intención de pagar alquiler?...

La concejal de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha justificado que se trata de una "sanción proporcional" y ha advertido que podría haber llegado a los "90.000 euros por unidad familiar [piso okupado]". En total, seis apartamentos tomados a la fuerza en el número 38 de la calle Lleida.

Los pisos a los que ha hecho referencia son al menos ocho apartamentos de un edificio situado en el barrio de Poble Sec. Los okuparon diversas personas en 2017, arropadas por el autodenominado Sindicat de Barri, una organización cercana a Barcelona en Comú. Resistieron hasta cuatro intentos de desahucio que contaban con el visto bueno de la autoridad judicial.

Finalmente, y antes de que los Mossos d'Esquadra consiguieran ejecutar la orden de desahucio en 2020, los intrusos destrozaron las viviendas, tal y como avanzó Crónica Global. En este momento, dos pisos continúan okupados por errores administrativos. Su propietario, Vauras, ha denunciado penalmente al consistorio. Además, ha anunciado que no invertirá más en Barcelona por la inseguridad jurídica, un mensaje que espanta a otros inversores de la ciudad. 

Si los allanadores hubieran aguantado un poco más, podrían haberse beneficiado de la prohibición que pretenden poner en marcha Podemos-ERC-Bildu, la ‘santa’ alianza.

A Ada Colau se le empiezan a acumular los problemas relacionados con la okupación. 

En cualquier caso, los progres son muy soberbios.