Hay catalanistas de todos los partidos. La evidencia se encuentra en el acuerdo alcanzado este jueves entre tripartito y CiU para dar una respuesta conjunta al Tribunal Constitucional. La estrategia de acoso se produce tras la primera votación: el rechazo por 6 votos a 4 de un texto que bendecía el Estatut ha reventado las costuras. Y todos se ponen la veda antes de herida.
Una posibilidad manejada es que los miembros progresistas del TC dimitieran en bloque. Una hipótesis, porque no parece que Manuel Aragón estuviera dispuesto a dimitir después de la carta remitida a El País. Un constitucionalista que pone por encima de sus intereses personales -le habían ofrecido ser el próximo presidente del TC- su respeto a la Carta Magna.
Aún así, la dimisión en bloque no serviría para nada porque la propia Ley Orgánica del TC establece que las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros existentes en ese momento. Si dimiten, en ese momento no están y por tanto, el quórum se compone sobre otra base.
También rebuscan en el art. 4, aunque este establece que la jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes. O sea, nada. No hay chicha. Que el TC debería renovarse, es indiscutible. Es más, la renovación debería ser tan automática como lo es en el Ejecutivo. Pero eso es una cosa y otra bien diferente es que los catalanistas hayan descubierto la necesidad de la renovación justo ahora que prevén una sentencia no favorable.Andrés Velázquez
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