Sr. Director:
Por supuesto que los funcionarios nos sometemos, y hemos de seguir haciéndolo, a un régimen jurídico distinto de los trabajadores de la empresa privada.

Si nuestro jefe, el político profesional de turno, pudiera sancionarnos, trasladarnos o despedirnos a su antojo, ¿qué garantía tendrían los ciudadanos de que las Administraciones Públicas cumplen la ley y persiguen únicamente el interés general?

Alberto Asensi Vendrell