El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de Publicidad del Estado que afectará tanto a la Administración General de Estado como a los organismos autónomos. El objetivo básicos de esta normativa es dar transparencia sobre la labor publicitaria de la Administración: qué se comunica, cómo se contrata, qué plan de medios se planifica, a qué share va dirigido, cuál es el coste por mil aprobado, con qué agencias se intermedia, etc.
Según la nueva regulación, se elaborará un plan previo de planificación publicitaria. Al finalizar el ejercicio se evaluarán las campañas desarrolladas, y la desviación de coste en relación a lo presupuestado.
Un proyecto que viene a ordenar la creciente actividad publicitaria del Gobierno. Los criterios serán: evitar el autobombo, evitar atacar a otras administraciones que en su uso legítimo de competencias estén desarrollando sus políticas.
Además, cualquier ciudadano que sienta afectados sus derechos fundamentales podrá acudir a la comisión interministerial que se creará al efecto, que resolverá en el plazo máximo de tres días sobre la continuidad de la campaña. De esta manera se "importa" a la Administración el modelo de autocontrol que tan ineficaz ha sido para el sector privado.
En cuanto al ámbito de la ocupación, De la Vega ha insistido en que se trata de aplicación exclusiva de la Administración central, si bien ha expresado su "deseo" de que el PSOE lo asumiera como propio y "exportara" modelos similares a aquellas CCAA y ayuntamientos donde gobierna.
Por último, en relación al gasto, la vicepresidenta aboga por la austeridad y la mayor rentabilidad de los recursos públicos destinados a las campañas. No obstante, se mostró un tanto críptica. "Es razonable que los presupuestos bajen, pero también es razonable que la administración informe y que el ciudadano goce de buena información. En cualquier caso, es razonable que la cifra de gasto se vea reducida". O sea, que puede que baje, aunque no se hagan ustedes demasiada ilusión.
