El Comité para el Buen Gobierno Corporativo de la empresa, otra genial idea del genial presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, ya ha dado a luz su primer borrador, con la inestimable ayuda de Jesús María Caínzos, ex vicepresidente del BBVA hoy dedicado a las normas de buen Gobierno, y del indispensable Aldo Olcese, presidente del Instituto de Analistas Financieros, quien ha pasado en pocos meses de adalid de Aznar en la Fundación FAES a cerebro gris de Zapatero para cuestiones corporativas.

Pues bien, el primer borrador ofrece consejos como los siguientes: la mitad de los miembros de todo consejo de Administración deben ser mujeres, todas las empresas deben contar con un vicepresidente consejero independiente. Por último, todo presidente incurso en un proceso judicial debe dimitir, sin esperar a que exista sentencia firme.

Si se aceptaran estas estupendas propuestas, llegaríamos a las siguientes conclusiones: los cazatalentos se van a forrar buscando mujeres para ser consejeras. De hecho, hasta que se equilibre el número, ningún varón podrá ser nombrado vocal de un consejero de Administración durante, pongamos, los próximos 50 años. Eso sí, nada dice el borrador sobre los derechos del llamado tercer sexo, una carencia que debería avergonzar al presidente de la CNMV.

En segundo lugar, la figura del vicepresidente-consejero independiente está hecha a medida de Caínzos, Olcese y otros consejeros recurrentes de empresa en las que no invierten un duro. Porque eso es un consejero independiente: aquel que no se juega su dinero ni el de sus representados, aunque no por ello deja de cobrar sus atenciones estatutarias. Los consejeros independientes son muy dependientes del presidente, que es quien les nombra, por lo que no está muy claro cómo van a servir de contrapeso en el cargo de vicepresidente, pero esa es otra cuestión.

En tercer lugar, las querellas catalanas (aquellas que se llevan a los tribunales para paralizar una empresa o poner en entredicho a su mandos) proliferarían como hongos, especialmente si se asume que un presidente debe dimitir antes de que haya sentencia firme. De hecho, con un poco de suerte, bastaría con querellarse contra, pongamos, Emilio Botín, Francisco González, César Alierta o Antonio Brufau, para deshacer el tejido industrial español.

Se dirá que es un borrador, pero es lo malo que tienen los borradores. Si alguien no da el grito de alarma, se convierten en norma.