Plus Ultra parece que ha tenido algo de pelusilla de Air Europa... Ambas aerolíneas han visto como el dictador venezolano Nicolás Maduro revocaba sus licencias por no reanudar sus vuelos con Venezuela... con algunos días de diferencia, eso sí, pero no sólo eso, sino que sus rescates han puestos bajo lupa al Gobierno Sánchez. Este jueves, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional -que en los últimos tiempos ha perdido protagonismo frente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- ha registrado la sede de Plus Ultra en Madrid y ha detenido a su presidente, Julio Martínez, y a su CEO, Roberto Roselli, según informa El Mundo.
La actuación de la UDEF se ha producido por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, dentro de una causa que está bajo secreto de sumario y que investiga un posible delito de blanqueo de capitales. Los agentes se han personado en la sede de la aerolínea que está vinculada con el régimen de Venezuela para obtener datos fiscales, así como en los domicilios de algunos de sus máximos responsables. Fuentes de Plus Ultra han señalado a la Agencia EFE su plena colaboración, al estar “facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera”, y también han subrayado que no se trata de un registro.
Cabe recordar que Plus Ultra supone otro ejemplo de las desastrosas ayudas públicas otorgadas por el Gobierno Sánchez a través de la SEPI (el holding público empresarial que depende del Ministerio de Hacienda, o sea, de la actual vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús -Marisu- Montero). En concreto, a la aerolínea se le otorgaron 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021, pese a no cumplir los requisitos para ello. Un dinero que recibió del fondo para empresas estratégicas de la SEPI que se nutrió con fondos europeos: en concreto, a Plus Ultra se le dieron 19 millones a través de un préstamo ordinario a devolver en cinco años y 34 millones en un préstamo participativo a devolver en siete años.
Cuando el Gobierno aprobó su rescate, la SEPI estaba sin presidente, un cargo que Vicente Fernández (quien fue detenido el pasado día 10, junto a la exmilitante socialista Leire Díez -más conocida como la ‘fontanera’ del PSOE- en una operación que investiga presuntos delitos de fraude, malversación, tráfico de influencias y prevaricación) dejó en octubre de 2019. Desde ese momento, las riendas del holding público empresarial las llevaba el vicepresidente, Bartolomé Lora, hasta que el 30 de marzo de 2021, Marisu Montero optó por nombrar presidenta a Belén Gualda, que en aquel momento presidía Navantia.
Otro punto relevante a recordar es que el rescate de Plus Ultra resultó polémico porque se le dio pese a contar sólo con un avión y representar un 0,03% del tráfico aéreo en España. En los últimos meses, el empresario y comisionista Víctor de Aldama ha confirmado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero presionó al Ministerio de Transportes que en aquel momento dirigía José Luis Ábalos (quien lleva unas semanas en prisión provisional) para que se rescatase a la aerolínea vinculada al chavismo..., que se había fundado en 2011 por parte de Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, y había empezado a volar en julio de 2015.
En paralelo, este jueves, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha abierto juicio oral contra Aldama, el exministro Ábalos y el exasesor Koldo García (estos dos últimos en prisión provisional) por la presunta trama de corrupción en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Y hablando de tribunales, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que ha ordenado la actuación de la UDEF en la sede de Plus Ultra es el mismo que hace unos años investigó su polémico rescate, tras la denuncia de Manos Limpias y la posterior personación como acusación particular de PP y Vox. En concreto, en 2021, la titular de dicho juzgado, la jueza María de la Esperanza Collazos, abrió una investigación a 15 altos cargos del Gobierno por un presunto delito de malversación tras una denuncia de Manos Limpias. A finales de julio de ese año, ordenó suspender la entrega de los 34 millones que quedaban pendientes de dar a Plus Ultra y Cs llegó a pedir la cabeza de la entonces ministra de Hacienda y Función Pública, Marisu Montero. Sin embargo, unas semanas después, el magistrado sustituto de Collazos, Jaime Serret, desbloqueó la entrega de dicho dinero alegando que, por el momento, el impago era “un riesgo hipotético”, después las alegaciones efectuadas por la aerolínea y un escrito de la Fiscalía de Madrid. Más adelante, en enero de 2023, se archivó el caso del rescate de Plus Ultra. Además, Cs denunció el rescate ante el Tribunal de Cuentas y ante la Comisión Europea alegando “irregularidades claras”, pues Plus Ultra usó un préstamo “simulado” para acceder al citado rescate, pero no hubo consecuencias.
Ahora la aerolínea vinculada al régimen chavista de Venezuela vuelve a poner bajo lupa al Gobierno Sánchez... y habrá que ver qué ocurre tras el registro de su sede por parte de la UDEF y de las detenciones de su presidente y de su CEO. No hay que olvidar tampoco que Plus Ultra aún está devolviendo el rescate que se le concedió el 9 de marzo de 2021 y que acumulaba pérdidas de 4 millones de euros hasta finales de noviembre, según informó Vozpópuli.
