Resulta tan indudable como ineludible que el freno al desgobierno del social comunismo que rige en España, deba llevarlo a cabo un próximo gobierno de la derecha. Una derecha que no debe ser en ningún caso timorata, sino al contrario, fiel al sentido común y a la estabilidad política, y duradera, no de una legislatura sino con la derrota puesta a largo plazo, es decir, con políticas de Estado y no de legislatura.

El giro a la ortodoxia se impone y obliga a establecer una ruta para «resetear» la economía española. España se encuentra en una encrucijada financiera marcada por una deuda pública que ya alcanza los 1,698 billones de euros, lo que representa el 124,2% del PIB - (AIREF). Ante este escenario, un eventual retorno de la derecha política al gobierno plantea una transformación sistémica basada en la disciplina fiscal, el recorte del gasto político y una reforma impositiva sin precedentes en la historia reciente.

El plan de choque comienza con una colisión inevitable contra la realidad de Bruselas. A partir de 2025, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea imponen un control férreo sobre el «gasto primario neto computable», es decir, la medida del crecimiento «real» del gasto público de un Estado, eliminando elementos que distorsionarían su comparación. Se utiliza especialmente en el sistema de gobernanza fiscal de la Unión Europea, dentro del marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus reformas recientes, obligando a España a una senda de ajuste que se extenderá hasta 2031. Lo que pretende, es medir el esfuerzo presupuestario real del Estado.

En este marco, la estrategia de la derecha no buscaría solo cumplir, sino utilizar estas reglas como aval de credibilidad ante los mercados internacionales. En el centro de la propuesta se sitúa una «revolución fiscal» de oferta. La medida estrella es una reforma radical del IRPF que simplificaría el impuesto a solo dos tramos: un 15% para rentas hasta 70.000 euros y un 25% a partir de esa cifra. Esta rebaja, que tendría un coste estimado de 40.000 millones de euros, se apoya en la teoría de la curva de Laffer; estudios sugieren que el sistema actual ha superado el umbral de eficiencia, situando a la mitad de los contribuyentes en una «zona prohibitiva» donde el impuesto desincentiva el trabajo y la inversión. Es decir, donde se inicia un rendimiento decreciente de flujo económico  Además, se propondría reducir el Impuesto sobre Sociedades al 15% para atraer capital extranjero y frenar la deslocalización.

Para financiar este alivio fiscal, el bisturí debería aplicarse sobre lo que se denomina «Estado del bienestar de los políticos». La hoja de ruta incluiría la eliminación total de subvenciones a partidos, sindicatos y patronales, junto con el cierre de organismos y observatorios considerados «ideológicos». Bajo el principio de «Presupuestos de Base Cero», ninguna partida de gasto se daría por sentada, buscando un ahorro estructural de más de 24.000 millones de euros anuales mediante la eliminación de duplicidades administrativas.
​En el ámbito estructural, el retorno a la derecha recuperaría proyectos como la «mochila austriaca», un fondo de capitalización individual que el trabajador conserva en caso de despido o cambio voluntario de empresa, eliminando las barreras a la movilidad laboral. En materia de vivienda, la apuesta es la liberalización masiva del suelo y el «silencio administrativo positivo» en las licencias de construcción, junto a una bajada del IVA del 10% al 4% para la compra de primera vivienda por jóvenes.

Finalmente, la soberanía energética y estratégica completa el cuadro. El plan debería contempla una extensión de la vida útil de las centrales nucleares y la explotación de recursos naturales propios para reducir la dependencia externa y abaratar la factura eléctrica industrial. Sin embargo, este camino no está exento de riesgos: el elevado coste de refinanciación de la deuda y la posible resistencia de los gobiernos autonómicos se presentan como los grandes obstáculos para una transición que busca devolver a España a la senda de la competitividad europea.

Para conseguir la estabilización económica y su consecuente estabilización de España como proyecto de Estado, debería hacerse una campaña de educación socio económico-financiera, teniendo como base el sentido común y las políticas análogas de otros países.

Si la derecha que queda por venir no aborda con seriedad estos temas, afianzaremos en España los vaivenes permanentes decimonónicos que tanto perjuicio causaron al progreso y desarrollo de una España estremecida. Es hora de que el bienestar del Estado sea transferido y revertido a la ciudadanía que es la soberana de los recursos.