El fondo Blasket, empeñado en fastidiarle el Mundial a la Selección con posibles embargos de pagos, subvenciones públicas, contratos de TV…
Decíamos que en el gran desastre de los laudos de renovables, se estrechaba el cerco contra España en EEUU y Países Bajos por culpa del fondo Blasket Renewable Investments. Ahora llega una nueva muestra de todo ello porque el fondo sigue empeñado en fastidiarle el Mundial de fútbol a la Selección Española al otro lado del océano Atlántico con posibles embargos de pagos, subvenciones públicas, fondos de la FIFA, contratos de televisión, etc.
De hecho, algunos proveedores de La Roja (como la empresa alemana de ropa y calzado deportivo Adidas y la cadena hotelera estadounidense Hilton) que le prestan servicios (uso de instalaciones y suministro de material, servicios de hostelería y logística, etc.) han recibido requerimientos judiciales para informar sobre pagos ligados a la participación de España en el Mundial que se celebrará en EEUU, México y Canadá. También está en riesgo el avión Falcon o el Airbus A-310 que usa Pedro Sánchez en sus traslados, en el caso de que decida volar para apoyar a la Selección. Recuerden que el pasado septiembre, los medios diplomáticos y jurídicos españoles temieron el embargo del Airbus A-310 cuando el presidente del Gobierno viajó a la 80ª Asamblea de la ONU... y ahora el temor ha resurgido.
No sólo están llegando injustos embargos de activos e ingresos de nuestro país en EEUU, sino también en Australia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos. Se prevé que la lista siga creciendo, en especial, en el país que preside Donald Trump, donde hace unas semanas los impagos relacionados con los laudos ascendían a 688 millones de euros, tras siete resoluciones favorables a los demandantes (empresas y fondos de inversión, así como fondos oportunistas que se han hecho con los derechos de cobro de otros fondos… y entre esos fondos oportunistas está Blasket). Un juez federal, en concreto, John D. Bates, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dio la razón a Blasket por los recortes retroactivos a las generosísimas primas a las renovables que dio el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (ahora imputado) y condenó a España a pagarle 41 millones de euros (unos 28,2 en indemnización, más intereses acumulados y costas judiciales). Dado que no se preveía el cobro, el juez dio la autorización a un embargo por esa cifra y permitió a los acreedores registrar la sentencia en otros distritos federales y seguir con la búsqueda de activos españoles que sean susceptibles de embargo.
Ahora, varios fondos acreedores e inversores perjudicados han inscrito una deuda de 77 millones ante tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otras jurisdicciones estadounidenses, que serán sedes del Mundial en las que la Selección Española de Fútbol podría disputar partidos si supera la fase de grupos. Cabe referir que el fondo Blasket está asesorado por el bufete King & Spalding y hace meses puso en marcha una ofensiva legal contra la Abogacía del Estado al rastrear las relaciones comerciales establecidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y otras entidades públicas de cara al Mundial.
Fuentes cercanas a los procedimientos han apuntado que la RFEF ha enviado escritos a algunos proveedores, argumentando que la Federación es un ente privado independiente del Estado, según informa Expansión. Y desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que lidera Sara Aagesen han referido que “cualquier intento de embargo de bienes españoles en EEUU requerirá un procedimiento en el que España podrá defender sus intereses”... a través de la Abogacía del Estado.
No hay que olvidar que el origen del gran desastre de los laudos de renovables está en las generosísimas primas a las renovables que el socialista Zapatero ofreció cuando era presidente del Gobierno, prometiéndoles una rentabilidad asegurada del 22%... y atrayendo así a gran cantidad de fondos y empresas. Estas primas se articularon a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: primero, con José Montilla, luego, con Joan Clos, y después, con Miguel Sebastián, quien comenzó a ver la magnitud del problema (el déficit de tarifa se había disparado a casi 30.000 millones -deuda que hoy seguimos pagando-) e inició su recorte en 2010. En diciembre de 2011, llegó a La Moncloa el pepero Mariano Rajoy, quien eligió a José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo, el encargado de dar un fuerte tijeretazo a las citadas primas y que también intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes... que aún sigue en vigor y la industria pide eliminar para rebajar sus elevados costes energéticos, siguiendo los pasos de Portugal). A los inversores no les hizo gracia ni el recorte de primas ni el nuevo impuesto, y empezaron a acudir a los tribunales, pero sin mucho éxito: hasta el Tribunal Supremo confirmó que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en lugar del desmedido 22% prometido por Zapatero, y apuntó que si se situaba entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, fueron surgiendo arbitrajes o laudos (donde hay tres abogados: uno por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), alcanzando 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el organismo de arbitraje del Banco Mundial-. Se han dado fallos en contra y favorables a nuestro país, pero no ha pagado ni un euro de las indemnizaciones reclamadas. Como en dichos arbitrajes hay abogados y estos no pueden dictar sentencia, los demandantes han acudido a los tribunales ordinarios y han empezado a llegar embargos de activos e ingresos del Estado español en varios países.
