En esta emergencia sanitaria y estado de alarma que vivimos por el coronavirus, el Gobierno ha tomado diversas medidas, que incluyen el aplazamiento de pagos y el préstamo de dinero a individuos, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, pero está apoyando mucho más a grandes empresas, entre ellas a las eléctricas. De hecho, hace unos días, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha agradecido el “esfuerzo extra” que están haciendo estas últimas, contribuyendo a “facilitar el bienestar de las personas”.

El pasado martes, Ribera presumía en su Twitter de las medidas adoptadas, destacando que habían pensado en las pymes. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia. El Gobierno permitirá a los clientes (tanto individuos como pymes y autónomos) que puedan suspender o flexibilizar sus contratos de luz y gas durante el periodo que dure el estado de alarma. Una vez que acabe dicho periodo tendrán tres meses para pedir la reactivación del suministro y un plazo de seis meses para abonar la deuda contraída.

Y claro ante este escenario, Pedro Sánchez y compañía (sobre todo, Teresa Ribera, pues dependen de su Departamento) quiere evitar que las comercializadoras de energía eléctrica y gas natural se vean afectadas y asuman mayores cargas de tesorería. ¡Pobrecitas! Por ello, compensará la pérdida de ingresos que van a sufrir con la suspensión de contratos de distintas formas.

Eximirá a las eléctricas del pago de peajes y otros impuestos en las facturas que tengan el pago suspendido, y podrán acceder a avales públicos

En concreto, eximirá a dichas compañías de pagar los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, así como de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas que tengan su pago suspendido. También estas grandes empresas podrán acceder a la línea de avales que abrió el Gobierno en el Real Decreto-ley del pasado 17 de marzo, y a cualquier otra que se habilite para afrontar el impacto del coronavirus, que se articularán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y por si esto fuera poco, las leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben tras el estado de alarma dotarán un crédito por el importe equivalente a la reducción de ingresos para los sistemas eléctrico y gasista que hayan tenido por modificaciones y suspensiones temporales de los contratos.

¡Cuánto piensa el Gobierno en las grandes empresas! En las pequeñas menos. Y es que además de compensar la suspensión y “esfuerzo extra”, también es su forma de agradecerles la prórroga del bono social y la garantía del suministro de luz y gas. Pero los más necesitados son individuos, pymes y autónomos... para los que el aplazamiento de pagos o los préstamos pueden no ser suficiente apoyo... y más si, al final, las empresas para las que trabajan, o sus propios negocios, se ven obligadas a cerrar... porque el confinamiento les dejó sin ingresos.