La patronal eléctrica ya no se llama Unesa, sino Aelec, algo más que un cambio semántico para adaptarse a los nuevos tiempos que corren en el sector, aunque las empresas son las mismas -EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo-, pero tienen enfrente a un interlocutor en el Gobierno que quiere dar un giro de 180 grados a la planificación energética.

Un escenario, en fin, que se presta a no pocos recelos entre dos partes obligadas a entenderse. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido por activa y por pasiva que su modelo pasa, sí o sí, por las energías renovables, pero se ha visto obligada a matizar algunos extremos en su carga de profundidad contra las centrales térmicas de carbón y las nucleares.

El cambio de tercio es notable, como prueba que el informe de la comisión de expertos sobre transición energética, encargado por el ministerio anterior, haya quedado enterrado en el baúl de los recuerdos. Ese informe ponía énfasis en las energías renovables, pero sin ningunear la energía nuclear, necesaria en el caso español.

El mosqueo en las eléctricas es generalizado por la precipitación y falta de concreción de la ministra sobre la energía nuclear o el carbón  

A todas esas incógnitas -también motivos de discordia- se une otra, que preocupa mucho a las grandes eléctricas, que viven del negocio regulado: la revisión de las tarifas para el periodo 2020-2025, que debe quedar zanjada en 2019 para empezar a rodar en 2020. 

Ahí está el campo de batalla, porque es donde las eléctricas se juegan la parte mollar del negocio. Es también un campo minado, además, por las declaraciones, tanto de Ribera como del presidente Sánchez, que han provocado un mosqueo generalizado en el sector, que ve tanta precipitación como ausencia de concreción, según consultadas por Hispanidad.

El debate está distorsionado, además, por la escalada de los precios de la luz, en el que las eléctricas aparecen como las malas de la película para los socios del Gobierno, Podemos y su líder, Pablo Iglesias. Por cierto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha empezado a tomar medidas para que el recibo de la luz sea más claro, al menos, al obligar a varias sociedades de las grandes eléctricas a que cambien la imagen de marca para que los consumidores puedan identificar mejor a las compañías.

La escalada de los precios de la luz ha reavivado la tensión, con las grandes como las 'malas' de la película, al menos para los socios del Gobierno 

Todo eso, en fin, es pecata minuta frente a la decisión, no tomada aún, sobre las retribuciones que cobrarán las eléctricas en el periodo 2020-2025 por la actividad regulada. Habrá recorte, seguro, pero no está cuantificado y será un toma y daca para todos los actores en juego. Con ese fin, la CNMC puso en marcha una consulta pública en julio con un plazo para presentar alegaciones que concluye este sábado.

El remedio llegará con una ecuación no resuelta entre Endesa, Iberdrola y Naturgy, sobre todo, y la ministra Teresa Ribera. Vamos, que la ministra tiene unos planes, centrados en las energías renovables, pero las empresas sólo conocen la letra gruesa.

Ribera asegura que antes de que acabe el año tendrá a punto el proyecto de Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La duda en las eléctricas es si va de farol o en serio, si corre demasiado o trata de contentar al foro. Y a esa duda, sigue una falta de confianza, al margen de la buena voluntad que se exprese en las declaraciones.

En algo coinciden todos: el papel de las eléctricas en el proceso de transición, esencial por lo que pide la ministra, y al que ya han contestado los grupos, según predica el comunicado de la nueva Unesa, que contiene un signo de paz, asumir ese papel clave “para integrar las renovables”, al tiempo, ojo, que incluye un signo de guerra, el “crucial papel de las redes de distribución”.

A poco ayuda, en ese sentido, la discordia provocada por la subida de los precios de la luz, aunque sobre ese punto la CNMC ha situado el debate en un punto razonable. A ese debate le sobran mucha demagogia y manipulación, como la que carga Podemos para presionar al PSOE, y también intereses creados de la industria.

Prima la desconfianza, más allá de las buenas palabras, entre el Gobierno y las eléctricas  

Claro que la descabonización es un reto medioambiental, pero también un problema que se traduce en mayores costes, por la subida de los derechos de emisión de CO2. Dicho de otro modo, no será tan fácil como quiere Ribera cerrar sí o sí el parque nuclear -si se quiere atender a la demanda- ni galopar al ritmo frenético que pretende -por cuestión de costes- con energías renovables.

No solo eso. El cierre en León de la eólica Vestas ha puesto en evidencia que cuando acaban las subvenciones la industria instalada ‘emigra’ a otro país, al tiempo que el fin de la nuclear puede convertirse también en un problema político. Es la razón por la que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se subleva contra el cierre de la central de Almaraz. Se precisan alternativas, además de anuncios epatantes.

En cualquier caso, el negocio para las eléctricas está en las redes, del mismo modo que objetivo de la ministra está en las eléctricas. Ese es un doble juego marcado por la desconfianza. A las eléctricas les encantaría que el nuevo marco regulatorio garantizara una retribución financiera próxima al 7% para el transporte y distribución de energía eléctrica, pero esa tasa, con los cálculos de la CNMC con los datos de 2017, quedaría en el 5,47%.

A las eléctricas les vino de perlas, en ese sentido, el informe de Deloitte presentado en febrero, sobre la contribución de las redes eléctricas a la transición energética en España. En ese documento (pueden verlo en el adjunto) se habla de muchas cosas -redes, inversiones, empleo, renovables, eficiencia, etc.-, pero también de la dichosa rentabilidad razonable introducida por la reforma Soria (2013), en función del coste de financiación, la retribución adecuada y las necesidades de inversión. Bien, sitúa esa rentabilidad bruta del 7%, que se ajusta al criterio del CEER, la voz de los reguladores europeos de Energía.

Forma parte de los intereses en juego de una amplia negociación en marcha. Durante la presentación de la nueva Unesa, su presidenta, Marina Serrano, respaldó la metodología propuesta por la CNMC para retribuir el transporte y distribución, pero no pasó de ahí.

Tampoco se pronunció sobre el futuro de la las centrales nucleares, que Ribera quiere cerrar, ni sobre las centrales térmicas de carbón, a las que habrá que buscar una alternativas con renovables y ciclo combinado.

La ministra, por su parte, que compartió foro con los hombres fuertes de las eléctricas, dijo que la responsabilidad del nuevo escenario es responsabilidad de todos, pero señalando a continuación de que “vosotros, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo, sois actores protagonistas”.

A partir de ahí queda por delante el acercamiento de posturas para una negociación complicada.