La decisión de Vestas de cerrar la planta leonesa de Villadangos del Páramo ha metido el miedo en el cuerpo sobre el futuro que reserva a las dos que tiene en España, la lucense de Viveiro y la de Daimiel en Ciudad Real. La explicación es tan sencilla como irritante: las plantas españolas son un eslabón más, débil también, entre tantos con los que cuenta la empresa danesa, gobernada desde Aarhus (Dinamarca) con el único criterio de la rentabilidad.

Ese criterio, hasta ahora, se ha supeditado a las subvenciones, que ya no pesan con el viento a favor de hace años en el negocio eólico, que es a lo que se dedica, y en consecuencia, busca otros destinos para las mismas plantas -la perversa deslocalización- donde compensar esa ausencia con mano de obra más barata y menores costes de producción, por ejemplo, en material y transporte.

Vestas aterrizó en España con el viento a favor de las ayudas públicas y ahora busca manos de obra más barata y menores costes  

En el caso de la planta de aerogeneradores de León la suerte está echada, con un ERE de extinción para toda la plantilla (362 empleados). La empresa agotó el plazo legal para pedir nuevas subvenciones, después de los 15 millones de euros recibidos, entre ayudas del Gobierno y de la Junta de Catilla y León, y pliega: ya no puede reclamar más ayuda por ninguno de los conceptos empleados hasta ahora (instalación o innovación).

La decisión, en cualquier caso, ha pillado al Gobierno Sánchez con el paso cambiado, sobre todo porque ha situado la energía verde como estandarte político. La ministra de Industria, Reyes Maroto, lo ocultó (“el cierre nos ha pillado de sorpresa, nos parece una deslealtad institucional”, aunque le tocó negociar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (en la imagen, las dos), para nada, sin éxito. Tras un encuentro con representantes de la empresa, éste les mostró “su apuesta por convertir las plantas de Viveiro y Daimiel en referentes de producción para Europa”, explicó en un comunicado.

Los trabajadores no creen a la danesa ni en las muestras dadas a Teresa Ribera de que mantendrá dos plantas

Pobre resultado, a pesar de las promesas de Ribera, que aseguró que tendrá listos antes de fin de año el proyecto de Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyo objetivo el rápido crecimiento de la generación con renovables.

La lectura de los sindicatos, sin embargo, es muy clara: la multinacional, que ha engañado en el caso de León, puede hacer lo “mismo con el mismísimo Ministerio de Transición Ecológica”.

Tras el precedente leonés, ¿quién puede creer a Vestas, el primer fabricante eólico, por encima de Siemens Gamesa? Normal que cunda el pánico en Lugo (210 empleados) y Daimiel (1.000 empleados), con plantas de turbinas o palas. En los dos casos ha recibido también subvenciones (10 y 3,7 millones, respectivamente), vinculadas a una serie de condiciones -como el mantenimiento de puestos de trabajo- que caducaron hace cuatro años.

El caso gallego, además, hay un agravante: Vestas tuvo que devolver 2,3 millones por incumplir algunas de las condiciones, algo con lo que discrepó y recurrió. No hay resolución judicial del caso todavía al respecto.

Y respecto al caso de Daimiel, peligra un 40% de la plantilla, como ha informado El Periódico de la Energía. Vestas no tiene intención de renovar a los trabajadores temporales, situación en las que se encuentran casi 500, porque prefiere recurrir a empresas de trabajo temporal.