Hace unos días, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, la danesa Ditte Juul Jorgensen, directora general de Energía de la Comisión Europea, ha pedido a España rebajar los impuestos de la luz, frente al resto de Estados miembros. No es la primera vez que desde Bruselas se hace dicha petición, pero nuestro país sigue haciendo caso omiso.

Ditte Juul Jorgensen es funcionaria de la Comisión Europea desde 1992 y ha desempeñado distintos varios cargos. El 1 de agosto de 2019 se convirtió en directora general de Energía de la Comisión Europea, la cual depende del comisario de dicha rama, cargo que ocupa el danés Dan Jorgensen -quien también es comisario de Vivienda- desde el 1 de diciembre de 2024, dentro del complejo organigrama comunitario. Recuerden que la española Teresa Ribera dejó el Gobierno Sánchez para ser vicepresidenta europea y responsable de Transición Limpia, Justa y Competitiva, pero hasta el momento parece que el cargo conlleva un nombre muy rimbombante, pero no demasiado poder. Y es que está teniendo más relevancia en materia de energía el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el francés Stéphane Séjourné, como se vio cuando este último presentó la prórroga de los vehículos de motor de combustión más allá de 2035, algo que no ha gustado al ‘climático’ Pedro Sánchez, quien lo ve como “un error histórico de Europa”. Además, hay un comisario europeo de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, el neerlandés Wopke Hoekstra.

Dentro de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, también está la española Cristina Lobillo, funcionaria de la Comisión dede 2004 y que actualmente es directora de Política Energética. Hace unos meses, subrayó que “el precio medio de la electricidad en Europa duplica y triplica al vigente en EEUU y China”. Ahora es su jefa, la danesa Ditte Juul Jorgensen, quien insiste en las diferencias entre la factura eléctrica de España y la de los otros 26 Estados miembros que conforman la UE. Y es que considera que la carga fiscal de la electricidad en nuestro país supera la medida de la UE y existen margen para rebajarla, por ejemplo, en lo que respecta al IVA de la luz, cuyo tipo se sitúa en el 21%, muy por encima de otros países comunitarios. Para la directora general de Energía de la Comisión Europea, la reducción impositiva podría contribuir a aliviar el recibo eléctrico, especialmente en los hogares más vulnerables, pero también en el resto de consumidores, así como industrias y empresas.

Hace casi un año, fue el comisario europeo de Energía y Vivienda, el danés Dan Jorgensen, quien instó a los Estados miembros a bajar los impuestos energéticos. De hecho, les recomendó aplicar el tipo mínimo del 5% en el IVA a la electricidad y rebajar también al máximo los gravámenes energéticos especiales, con el objetivo de reducir todo lo posible las facturas dentro de su paquete de iniciativas para conseguir una “energía asequible” en el bloque comunitario. Sin embargo, España no le ha obedecido. Es más, a mediados del pasado marzo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, rechazó la medida si se hacía con cargo a los Presupuestos de cada Estado miembro y no a través de medidas estructurales con fondos comunitarios. 

Ahora desde Bruselas también se advierte que esa mayor carga fiscal a la electricidad en nuestro país penaliza el consumo eléctrico y limita la competitividad de la electrificación frente a otras fuentes energéticas. Asimismo, se lamenta que la factura de la luz incluya conceptos ajenos a la energía (impuestos, tasas, cánones y hasta determinados servicios públicos) que la encarecen… y no hay que olvidar que a través de esta los contribuyentes aún siguen abonando el déficit de tarifa que disparó José Luis Rodríguez Zapatero con sus generosísimas primas a las renovables y sus correspondientes intereses, al tiempo que sigue habiendo laudos y ya se están dando embargos de activos e ingresos públicos ajenos al sector de la energía.

Asimismo, Ditte juul Jorgensen ha señalado que “tenemos que ponernos al día y darnos un poco de prisa” en la tramitación administrativa de los proyectos relativos a desarrollo de redes eléctricas y almacenamiento. Respecto a las redes, ha referido que se deben acelerar tanto las domésticas de cada país como las interconexiones, especialmente para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica. “Hemos invertido muy bien en renovables, pero no lo hemos sabido conjugar con las inversiones en almacenamiento e infraestructuras”, ha añadido Jorgensen. Y no olviden que en el tema de las redes... hay problemas en España ahora también con la retribución aprobada por la CNMC, que es menor a la pedida por el sector. 

Todo esto sucede en un contexto en el que el Gobierno Sánchez, especialmente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, sigue sin pronunciarse sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz (tema que ha postergado hasta conocer el informe del Consejo de Seguridad Nuclear) y se niega a cambiar el calendario de cierres pactado en 2019, pese a las numerosas advertencias en contra, pues el cierre nuclear conllevaría una electricidad más cara, más emisiones de CO2, menos empleo y más despoblación rural. De hecho, hace unos días Deloitte ha advertido que prorrogar las nucleares ahorraría 1.400 millones anuales a la industria española e Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, ha criticado que España apuesta por la transición energética pero pretende cerrar las nucleares... lo que provocaría 14 millones de toneladas de CO2 más al año.

Eso sí, la ideología y la demagogia también están presentes en el debate nuclear en nuestro país. Así la consejera de Red Eléctrica (filial de Redeia) y asesora del Gobierno, Natalia Fabra, ha calculado que prorrogar Almaraz provocaría una subida de la luz de hasta el 46,8% si se frena la inversión verde, como ha recogido El Economista. Y es que Fabra considera que la extensión nuclear puede ser alivio a corto plazo, pero también puede desplazar la inversión en renovables y almacenamiento de la que depende la transición, generando mayores precios y emisiones a medio-largo plazo. Quizá debería tener en cuenta que las renovables son intermitentes, por lo que la nuclear es su mejor complemento. Ante esto, Fabra podría recordar que hace unos días, Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, subrayó que desde 2019 han pasado muchas cosas... y debería haber cambio sobre el cierre de las nucleares porque “tenemos la oportunidad de ser independientes y soberanos energéticamente con las renovables, apoyándonos en el proceso con la nuclear porque las renovables son intermitentes y aún no hay el almacenamiento necesario”. Y más, tras ver el error que ha cometido Alemania... y del que el canciller alemán, Friedrich Merz, acaba de referir que es un grave error estratégico.