El apagón que llevó a negro la Península Ibérica el pasado 28 de abril sigue siendo objeto de comisiones de investigación e informes (el próximo, el de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, Entso-E, se conocerá el 3 de octubre), pero aún no se conoce la verdadera causa ni al responsable. Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, habló de “un origen multifactorial” y repartió culpas entre el operador y las compañías, pero Beatriz Corredor insiste en culpar a las eléctricas y sitúa el origen en “una planta fotovoltaica de alta potencia en la provincia de Badajoz”, que se comportó “de forma indebida” y provocó “una oscilación anómala” de 0,6 hercios (Hz) que el sistema eléctrico sólo es capaz de soportar hasta 0,2 Hz. También ha incidido en que esa misma planta tuvo un fallo semejante en 2024 porque sus responsables habían estado haciendo “un experimento” sobre su gestión. ¿Se estaría refiriendo a la planta fotovoltaica Núñez de Balboa de 500 megavatios de potencia instalada, situada en Usagre (Badajoz), que es propiedad de Iberdrola y es una de las mayores de Europa? Corredor no ha detallado tanto... pero surge la sospecha, y ella insiste en morir matando, pues el Gobierno aún no la deja caer. 

En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, la presidenta de Redeia, exministra socialista y amiga de Pedro Sánchez, ha señalado también a las centrales convencionales (nucleares, ciclos combinados e hidroeléctricas). En el caso de las nucleares, ha referido que varias unidades estaban paradas -Trillo por recarga de combustible, Almaraz I y Cofrentes por razones de mercado-. Respecto a los ciclos combinados, ha apuntado que el día anterior se habían programado diez para que estuvieran disponibles, pero uno se declaró indisponible,... sin citar que el operador del sistema eléctrica no sustituyó este último por otro. Y respecto a las hidroeléctricas les ha criticado que no estuvieron a la altura en la reposición porque “no fueron capaces de arrancar en autónomo” y se necesitó exportar electricidad de Francia y Marruecos. Además, ha hablado abiertamente de “incumplimiento de grupos convencionales” y de “desconexiones intempestivas”.

Por supuesto, Corredor ha eximido a Red Eléctrica, pues cree que “la responsabilidad en ningún caso se puede achacar a la programación”, y ha puesto de manifiesto la compleja tarea que hace el operador (no ella) porque “cada 20 milisegundos cambia la situación de la red y hay que tomar medidas”. Y por si lo anterior no bastara, ha subrayado que “la planificación de la red no determina la seguridad de suministro” y que debería ser “más ágil y actualizarse cada dos-tres años”, no a seis años vista.

La exministra socialista, que es registradora de la propiedad, ha quitado hierro a su nombramiento como presidenta no ejecutiva de Redeia (que entonces aún se llamaba Red Eléctrica) en febrero de 2020 sin tener ninguna experiencia previa en el sector energético: “no creo que lo haría mejor otro presidente más técnico”, destacando el trabajo de más de 2.000 empleados y que “sólo un presidente ha sido ingeniero”. Asimismo, ha referido que “no me corresponde determinar la política energética”, pues lo hace el Estado (con su amigo Sánchez a los mandos desde junio de 2018) y que “es irrelevante mi opinión sobre el mix energético” pues este último “lo decide el mercado”.

Claro que todo esto no es baladí y menos con el colapso que hay en las redes eléctricas, y las compañías reclamando una retribución adecuada. Además, no olviden el estrepitodo fracaso que tuvo Aagesen con su decreto de medidas 'antiapagón'.