En plena cuenta atrás para que se cumpla el primer aniversario del apagón del 28 de abril, la CNMC y el juez Calama se han sumado a la campaña para proteger a Beatriz Corredor. Todo ello para intentar que no se culpabilice más del cero eléctrico a la mala gestión de la exministra socialista y amiga de Pedro Sánchez que preside Redeia desde febrero de 2020, cuando aún se llamaba Red Eléctrica y esta no era sólo la filial que opera el sistema eléctrico español.

El regulador de la Competencia que preside Cani Fernández incoa 20 expedientes sancionadores entre los días 16 y 17 de abril, que se desglosan de la siguiente forma: cinco a Iberdrola, cinco a Naturgy, cinco a Iberdrola, dos a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV) que opera las centrales nucleares catalanas, uno a Repsol, uno a Red Eléctrica y uno a la central termoeléctrica de ciclo combinado Bahía de Bizcaia de Electricidad. De esta forma, la CNMC ha preferido repartir tirones de orejas, así como “meter a todos en el mismo saco” y no librar a nadie”… y todo ello para proteger a Corredor. Además, entre los expedientes a las energéticas figuran diversas plantas de generación (ciclos combinados, nucleares y renovables).

En el caso de Red Eléctrica, el expediente sancionador es por presunta infracción del artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico, que supone una infracción muy grave. Dicho artículo tipifica así cualquier incumplimiento por parte del operador del sistema de determinadas funciones críticas -recogidas en el artículo 30.2- cuando de ello se derive un perjuicio para el sistema o para el resto de agentes. No se trata, por tanto, de un mero defecto formal o administrativo, sino de una eventual quiebra de las responsabilidades estructurales que garantizan el equilibrio entre generación y demanda, la estabilidad de la red y la coordinación entre operadores, según ha explicado El Economista. Por su parte, en el caso de las energéticas, los expedientes sancionadores se deben a presunta infracción del artículo 65.8 de la citada ley, calificada como infracción grave. Este artículo contempla: Los incumplimientos tipificados en los apartados 15, 16 y 17 del artículo 64 cuando no concurran las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente.

La apertura de los expedientes ha sido aprobada por la Dirección de Energía de la CNMC que lidera Rocío Prieto, pero no por el Consejo del organismo, algo que ha generado malestar entre algunos consejeros dada la relevancia del tema… y conviene recordar que hace unos meses la nueva retribución de las redes eléctricas también generó conflicto en el seno del regulador. Desde este último se ha apuntado que los expedientes sancionadores se deben a “diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”. Sin embargo, se ha subrayado que los procedimientos, que durarán entre nueve y 18 meses, “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”. Además, ha apuntado que la incoación de dichos expedientes “no prejuzga el resultado final de la investigación” y que cabe la presentación de alegaciones.

El movimiento de la CNMC llega después de que se conociera el informe de la comisión de investigación sobre el apagón que se abrió en Senado (donde el PP tiene mayoría) y que sí señaló culpables (en concreto, tres: Red Eléctrica, Gobierno y CNMC)... y exculpó a las eléctricas. Esto supuso un cambio respecto a los informes que hasta ahora habían presentado el Gobierno, la CNMC y la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) -de la que es miembro Red Eléctrica, filial de Redeia que se encarga de operar el sistema eléctrico español-. Además, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha exigido la “dimisión inmediata” de la vicepresidenta tercera y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el “cese fulminante” de Beatriz Corredor, a las que calificó como “las señoras del apagón”.

Los expedientes sancionadores se conocen días antes de que Cani Fernández rinda cuentas sobre la actividad anual del regulador de la Competencia el próximo martes 21 en el Congreso y de que el lunes 20 arranque en la Cámara Baja la comisión de investigación sobre el apagón (en cuyo inicio comparecerán el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el CEO de Endesa, José Bogas; y el presidente y CEO de Naturgy, Francisco Reynés). ¿Casualidad? Por supuesto que no, y muchísimo menos si se recuerda al poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán Friedrich Schiller, quien defendía que las casualidades no existen.

En paralelo, el pasado 15 de abril se conoció un auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde respalda a Redeia e impide que Iberdrola y Endesa accedan a los 8.028 audios y los 1.296 correos electrónicos porque tienen carácter “confidencial y estratégico”. En dicho auto, expone que la causa se abrió para investigar “si el apagón del 28.04.2025 fue debido a una acción terrorista, extremo que ha quedado plenamente descartado, siendo al efecto irrelevante el contenido de la información confidencial presentado por Red Eléctrica”. Recuerden que el pasado diciembre se archivó la causa como ataque terrorista y se levantó el secreto de las actuaciones. Ahora, el juez Calama impide que Iberdrola y Endesa accedan a los audios (que en gran parte demuestran la mala gestión de Corredor y los correos electrónicos), aunque estas energéticas podrían recurrir. 

No hay que olvidar que a finales del pasado febrero, cuando Redeia presentó sus resultados de 2025, Corredor subrayó que continúan sin hacer provisiones relacionadas con el famoso apagón, pese a que había crecido la lista de empresas que reclamarán en los tribunales indemnizaciones: la química Ercros, la energética Repsol, la energética Moeve (antes Cepsa), la aseguradora Occident (antes Catalana Occidente) y la aseguradora Mapfre, por ejemplo. Demandas que se sumarán a la que Iberdrola preparaba contra la propia Corredor. Además, en la última Junta de Accionistas de Naturgy, ante la pregunta de un accionista, el secretario general y del Consejo, Manuel García Cobaleda, defendió que ninguna de sus instalaciones tuvo la mínima responsabilidad en el apagón y lamentó que habrá que esperar “muchísimo tiempo” para que finalmente sea la Justicia la que tome una decisión definitiva sobre los causantes del evento, después de que todos los informes realizados hayan declinado señalar a culpables.

Y por cierto, Portugal ha señalado a Red Eléctrica como culpable del apagón y baraja pedir una indemnización a España, según informa Ok Diario. La homóloga lusa de Aagesen ha referido que la compañía que preside Corredor y que está controlada en un 20% por el Estado (a través de la SEPI) tuvo “fallos en el control de voltaje”.