
Cuando estamos en la cuenta atrás del primer aniversario del apagón del 28 de abril, cada vez va quedando más claro que el culpable fue Red Eléctrica, y por tanto, la mala gestión de Beatriz Corredor, y no las eléctricas, como ella insiste una y otra vez. Sin embargo, la ex ministra socialista no se queda callada y ahora se mueve al más puro estilo de su amigo Pedro Sánchez y del resto de miembros del Gobierno: no hacer la más mínima autocrítica y pasar al ataque. De hecho, se ha revuelto contra los últimos audios que ha escuchado la comisión de investigación sobre el apagón abierta en el Senado, los cuales evidencian su mala gestión.
La exministra socialista (estuvo al frente de la cartera de Vivienda entre 2008 y 2010, en el segundo Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero) ha señalado sobre dichos audios que "terceras partes buscan deslegitimar los análisis oficiales" y que son una "filtración interesada". No hay que olvidar que dichos audios recogen conversaciones internas entre operadores eléctricos y técnicos de Red Eléctrica de España (REE), la filial de Redeia que opera el sistema eléctrico español. Por si esto no bastara, añade que dichas conversaciones "no constituyen señales previas de un posible incidente", a pesar de que en las mismas se pueden escuchar las siguientes afirmaciones: “muy bestia, nos la vamos a pegar” y “algún día vamos a ver un cero gordo”. Si para ella esto no suponen avisos, parece que debería dar alguna clase de lenguaje...
También cabe tener en cuenta que Corredor no ha tenido el más reparo en culpar a las eléctricas, a pesar de que hace meses se conoció que Iberdrola preparaba una demanda, no contra Redeia, sino contra la propia Corredor. Algo que a ella parecía importarle poco, pues cuando se conocieron los resultados de Redeia de 2025 insistió en defender que “los administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros”,... eso sí, ha añadido que como continúan las investigaciones, “esta estimación realizada por los administradores podría verse modificada en el futuro”. Ahora, ya se han conocido tres informes (el del Gobierno, el de la CNMC y el de Entso-E) que no señalan ningún culpable, mientras los audios evidencian cada vez más la mala gestión de Red Eléctrica y, por ende, de Corredor.
Hasta TVE responsabiliza a Red Eléctrica del apagón. Las preguntas clave ahora son:
— Operador Nuclear (@OperadorNuclear) April 8, 2026
¿Por qué TVE ahora culpa a REE?
¿Quién ordenó a REE operar la red de forma temeraria?
¿Con qué objetivo?
Estoy convencido de que las tres respuestas están conectadas. https://t.co/sJt5blVyiI
Recuerden que Corredor preside desde febrero de 2020 Red Eléctrica, compañía que más adelante pasó a llamarse Redeia y de la que el Estado controla el 20% a través de la SEPI. El resto de accionistas significativos son: el fondo de inversión BlackRock (5,225%), y el fundador y principal accionistas de Inditex, Amancio Ortega (5%). Corredor sustituyó a otro exministro socialista, en concreto, a Jordi Sevilla.
Ahora en dicha compañía va aumentando la politización de su Consejo de Administración. En un hecho relevante remitido a la CNMV (ver documento adjunto), ha convocado su próxima Junta de Accionistas para el 13 de mayo. Entre los acuerdos propuestos, destacan tres nombramientos, de los que uno ya se conocía: el del socialista y 'antinuclear' José Luis Navarro (quien trabajó en empresas privadas, fue consejero del Gobierno extremeño en dos etapas y presidió Enresa) ha sido propuesto por la SEPI como consejero dominical. A este se suman los nombramientos como consejeros independientes de: la catedrática de Economía Aplicada Marta María de la Cuesta González; y el abogado del Estado y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Hurtado Iglesias. Este último ha tenido cargos ligados a los dos gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero: fue asesor del Gabinete de Presidencia del Gobierno en 2004, después abogado del Estado Jefe en el Ministerio de la Presidencia en 2006 (cuando lo lideraba la vicepresidenta primera y titular de la cartera, María Teresa Fernández de la Vega) y secretario general técnico del Ministerio de Justicia en 2009 (año en el que la cartera la llevó Mariano Fernández Bermejo hasta el 23 de febrero y después se la entregó a Francisco Caamaño), después pasó a ser socio en Broseta, Deloitte, y Simmons&Simmons, y es profesor asociado de la UCM desde 2018.
Entre el resto de acuerdos propuestos para la próxima junta, está el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción, que se suma a otro de la misma cuantía abonado el pasado enero, por lo que en total la remuneración al accionista ascenderá a 1,2 euros en lo relativo al año 2025. Parece que el Estado ha querido celebrar que el beneficio se disparara...












