Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1-Caso Leire Díez: como recogió ayer Hispanidad, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas —orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez— para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. 

La operativa que el pasado miércoles ordenó el juez Pedraz a la UCO de la Guardia Civil incluyó la búsqueda de información en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como en la sede de la Fundación Pablo Iglesias, y los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del empresario Javier Pérez Dolset, y del histórico socialista Gaspar Zarrías. 

Pero los agentes de la UCO también entraron -por orden judicial- en la sede de su jefes, o sea, en la Dirección General de la Guardia Civil, donde  entrevistaron a distintas personas en busca de información. Y es que, según publica The Objective, el magistrado también sospecha que pudieron producirse presiones por parte de la cúpula de la Guardia Civil hacia los integrantes de la UCO, por negarse a compartir información judicial con sus superiores. Entre esos superiores figuraría el DAO de la Guardia Civil  -teniente general- Manuel Llamas, que según el citado medio, ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas contra Rafael Yuste cuando este era coronel jefe de la UCO de la Guardia Civil (luego fue promocionado por el ministro Grande Marlaska a otro puesto y así el Gobierno se lo quitó de encima). Las presiones y coacciones de estos mandos a los agentes de la UCO habrían consistido en abrirles investigaciones internas o expedientes disciplinarios. 

Por otra parte, según recoge El Debate, el auto del juez Pedraz indica que los integrantes de la trama de las cloacas habrían «llevado a cabo también actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en distintos procedimientos judiciales», lo que «motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada». 

Pues bien: la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha exigido explicaciones a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González (PSOE) "en un momento de enorme sensibilidad institucional". "La confianza interna se construye también desde la presencia y la transparencia en los momentos difíciles. El silencio institucional en circunstancias como las actuales no protege a la institución, la daña". 

La AUGC añade que "el uso de mecanismos internos como las informaciones reservadas para generar inquietud o presión sobre agentes que actuaban bajo mandato judicial constituiría, de confirmarse judicialmente, uno de los episodios más graves vividos por la institución en décadas".

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular del Juzgado Central de Instrucción número 4-- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el 17 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. En este entramado, Zapatero se habría beneficiado de cerca de 1,9 millones de euros mediante sociedades vinculadas a él y a familiares, como por ejemplo, una empresa de sus hijas. La resolución sospecha que parte de esos pagos encubrían comisiones por intermediación política disfrazadas de consultoría o asesoramiento. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Análisis Relevante SL percibió importantes cantidades procedentes de compañías privadas, entre los años 2020 y 2025, a cambio de trabajos de consultoría. A la vez, Análisis Relevante pagó a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, en esas mismas fechas, unos 660.000 euros por trabajos de consultoría y maquetación. 

En relación a este caso, El Confidencial y El Debate apuntan hoy que testaferro de Zapatero, es decir, Julio Martínez Martínez, ha contratado como abogada a la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez Prado, lo que podría significar que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una reducción en la posible pena. Es decir, que podría convertirse en un nuevo Víctor de Aldama. Pero seamos prudentes, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. 

3.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno. 

En relación a este caso hoy ha sido noticia que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha exigido a Begoña Gómez que le pague más de 113.000 euros, como perjuicio en el presunto delito de "apropiación indebida" de su software, si acaba siendo condenada, informa El Español. 

Recordemos que el de apropiación indebida es uno de los cuatro delitos que el juez Peinado imputa a la esposa del presidente del Gobierno.