• Y la Generalitat aprobará una ley contra los delitos de odio... ¡dentro de ocho meses!
  • Deja al margen la violencia política. Quiere ser pionero contra el antisemitismo, la islamofobia o la homofobia.
  • Aún más: Unió se desmarca de Convergencia por la ley sobre el colectivo LGBT, porque los democristianos han descubierto que sus socios no quieren luchar contra la discriminación gay sino promocionar el homosexualismo.
  • Y para colmo, Paulino Rivero (Canarias) también se apunta a la moda de la consulta, aunque sobre las prospecciones petrolíferas.

Rara vez coinciden en un día informaciones que despiertan una inusitada perplejidad. Hoy jueves, en el que todo se confabula a favor de las letras de Serrat de "puede ser un gran día", es uno de ellos. La perplejidad procede del centro, del sur y del este: Pedro Sánchez (Madrid), Paulino Rivero (Canarias) y, para no variar Cataluña.

Por partes. El joven y flamante secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (en la imagen), ha dicho, abundando en la "causa común frente al terrorismo machista", que si llega a presidente del Gobierno reconocerá a las víctimas de la violencia de género con funerales de Estado (con la presencia incluida del presidente del Ejecutivo). O sea, del laicismo, que pregonaba que eso de los funerales es cosa de la religión católica nada más, a un oficio por las victimas de esa violencia en toda regla y, ojo, "en el mismo momento en que se produzcan esos asesinatos".

Más. En Cataluña han pasado dos cosas inquietantes, al margen de los dimes y diretes del proceso soberanista que nos va a volver locos a todos (aunque sea por agotamiento o aburrimiento). Las dos han tenido por escenario al Parlament, como lo otro, pero de otra manera.

La primera es que la Cámara ha aprobado una ley controvertida, y, como tal, larga, "contra la homofobia y por los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales" (el colectivo LGBT, en fin). Es paradójico porque CiU se ha partido en dos al dirigir su voto. Vamos, que Convergencia ha ido por un lado y Unió por otro. CDC se ha alineado con el cóctel de siglas que forman ERC, PSC, ICV-EUiA, C's y CUP para que la norma prospere. Y UDC se ha desmarcado. Normal, después de que su propio líder, Josep Antoni Duran i Lleida, pusiera a caer de un burro la dichosa ley en su carta a los militantes. A su juicio, bastante sensato, la norma trata de promocionar, más que de no discriminar, a un colectivo crecido desde las leyes de ingeniería social socialista. En fin, para volver a unirse siempre está el soberanismo.

Otro disparate, también en Cataluña. La Generalitat se da un plazo de ocho meses para aprobar un anteproyecto de ley contra los delitos de odio. Han leído bien. Según ha explicado la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté -y aquí está lo más desconcertante- se trata sólo de combatir un tipo de odio, como el antisemitismo, la islamofobia o la homofobia (otra vez), pero no, por ejemplo, por la quema de fotografías del Rey -por las que acaban de ser condenados unos cuantos, dicho sea de paso-, por la violencia en la trata de blancas o la incendio de contenedores. La cosa se ceñirá, lo cual está muy bien, a los casos de discriminación por raza, origen geográfico o sexo. Caramba, tiene su aquél, también, querer legislar sobre las virtudes o las pasiones de la que se encargaba hasta ahora la conciencia moral.

Calor, Cataluña, una vez más, es pionera, dice.

Queda Canarias. Su presidente, Paulino Rivero, se apunta al carro de las consultas y anuncia la suya, para el 23 de noviembre, sobre las prospecciones petrolíferas. No es cuestión de extenderse en ese otro desafío para aprovecharse de una corriente social alimentada por el propio ejecutivo canario.

Mariano Tomás

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