En las democracias modernas, la erosión del Estado de Derecho suele avanzar por vías más silenciosas: reformas parciales, atajos administrativos, utilización partidista de las instituciones, debilitamiento de los controles y contrapesos institucionales, manipulación indirecta de las reglas del juego y conversión de la legalidad en un instrumento maleable al servicio del poder.

No se cambia la Constitución de golpe; se la vacía poco a poco. No se clausura el Parlamento; se lo rodea de hechos consumados. No se suprime el voto; se intenta modificar previamente la composición del cuerpo electoral. No se declara abolido el Estado de Derecho; se le va despojando de sus defensas hasta que, cuando la sociedad reacciona, descubre que muchas de sus garantías han sido ya neutralizadas. Ese es el problema de fondo que plantea la apresurada nacionalización masiva de nuevos españoles, en una urgencia administrativa difícil de explicar desde la mera normalidad burocrática, especialmente cuando coincide con una situación política límite, con procesos judiciales que afectan a destacados dirigentes del partido en el Gobierno. La cuestión no es negar derechos legítimos a quienes verdaderamente puedan acreditar su vínculo jurídico, histórico o familiar con España. La cuestión es otra: si el Estado puede convertir un procedimiento de nacionalidad en un instrumento de ingeniería electoral; si puede relajarse, acelerarse o simplificarse un proceso de tanta trascendencia sin garantías suficientes; si puede incorporarse masivamente al censo a nuevos electores sin que los españoles conozcan con claridad los criterios, los controles, los plazos y las consecuencias políticas de esa decisión. La eliminación apresurada de las trabas consulares, demuestran de manera evidente lo que se dice.

La nacionalidad no es un trámite menor. La nacionalidad supone pertenencia jurídica a una comunidad política. Otorga derechos, deberes, protección diplomática, acceso al voto y participación en el destino común de la nación. Por eso, cualquier procedimiento masivo de adquisición de nacionalidad debe estar rodeado de una transparencia absoluta. Si esa transparencia falta, y la precipitación sustituye al rigor y la oportunidad política coincide demasiado exactamente con la necesidad electoral del Gobierno, la sospecha deja de ser una extravagancia para convertirse en una obligación cívica.

España tiene derecho a saber cuántos expedientes se han tramitado, cuántos han sido aprobados, cuántos han sido inscritos definitivamente, en qué consulados, con qué medios, bajo qué controles y con qué garantías documentales. Tiene derecho a saber si se han mantenido los filtros consulares adecuados o si, por el contrario, se han buscado fórmulas para aligerar el proceso hasta el punto de convertirlo en una maquinaria de incorporación censal. Tiene derecho a saber si se está produciendo una modificación sustancial del electorado antes de unas elecciones generales. Y tiene derecho, sobre todo, a exigir que la nacionalidad española no sea utilizada jamás como instrumento de supervivencia partidista.

La nacionalidad no es un trámite menor. La nacionalidad supone pertenencia jurídica a una comunidad política. Otorga derechos, deberes, protección diplomática, acceso al voto y participación en el destino común de la nación

El problema se agrava porque no aparece aislado. Se produce en un contexto de deterioro institucional más amplio: investigaciones judiciales que alcanzan a personas situadas en las proximidades del poder, ataques políticos contra jueces, campañas de descrédito contra quienes investigan, confusión interesada entre crítica legítima y «bulo», y una tendencia creciente del Gobierno a identificar su permanencia en el poder con la estabilidad misma del Estado. Esa identificación es siempre peligrosa. Ningún partido es España. Ningún Gobierno es la nación. Ningún dirigente tiene derecho a utilizar las instituciones como parapeto personal.

Cuando todo converge —la presión sobre la Judicatura, la descalificación sistemática de los controles, la colonización de organismos públicos, la utilización propagandística del aparato institucional y la posibilidad de una alteración censal de enorme alcance—, ya no estamos ante una mera crisis política. Estamos ante señales claras del derrumbe del Estado de Derecho. Y aunque la legalidad no haya desaparecido formalmente, todo empieza a ser deformado desde dentro. Las instituciones son empujadas a servir a una estrategia de poder antes que al interés general.

La Judicatura, con todas sus limitaciones, está cumpliendo una función esencial. En medio de presiones, descalificaciones y campañas de intimidación moral, jueces, fiscales independientes, funcionarios y cuerpos policiales están sosteniendo la legalidad allí donde la política parece haber perdido el sentido del límite. Son una trinchera constitucional. Defienden algo mucho más elemental que una opción ideológica: defienden que la ley siga siendo ley, que los expedientes sean expedientes, que los delitos se investiguen, que los procedimientos administrativos no se conviertan en instrumentos de conveniencia y que ningún poder quede por encima del control judicial. Pero la defensa del Estado de Derecho no puede recaer únicamente sobre los jueces. La política debe reaccionar. Los partidos constitucionales deberían comprender que el momento exige grandeza, no cálculo. Si existe una alteración grave de las reglas del juego democrático, si se sospecha que el Gobierno pretende modificar el escenario electoral mediante una aceleración censal de consecuencias decisivas, la respuesta no puede limitarse a la denuncia retórica. Hace falta una acción parlamentaria inmediata, coordinada y pública. Hace falta exigir explicaciones, solicitar comparecencias, pedir auditorías, activar todos los mecanismos de control y, si la gravedad de los hechos lo exige, plantear una moción de censura que obligue al país a mirar de frente la situación.

Una tendencia creciente del Gobierno a identificar su permanencia en el poder con la estabilidad misma del Estado. Esa identificación es siempre peligrosa. Ningún partido es España. Ningún Gobierno es la nación. Ningún dirigente tiene derecho a utilizar las instituciones como parapeto personal

La moción de censura no debería concebirse solo como un instrumento aritmético para cambiar un Gobierno, sino como un acto de higiene democrática. A veces, aunque no prospere, una moción sirve para fijar responsabilidades, ordenar el debate nacional, retratar a quienes callan y obligar a cada partido a escoger entre la defensa del Estado o la comodidad de sus intereses inmediatos. España necesita claridad. Necesita saber quién está dispuesto a defender las reglas comunes y quién prefiere esperar a que el deterioro sea irreversible. También la sociedad civil debe abandonar la resignación. Profesionales, universitarios, empresarios, periodistas, juristas, asociaciones cívicas y ciudadanos con derecho a voto tienen la obligación de movilizarse dentro de la ley, con serenidad, firmeza y constancia.. La democracia no se defiende solo cada cuatro años ante una urna; se defiende cada día cuando se exige transparencia, cuando se protege la independencia judicial, cuando se denuncia el abuso y cuando se impide que el poder confunda mayoría parlamentaria con impunidad.

La comparación con Venezuela debe utilizarse como advertencia histórica. Venezuela no cayó en una noche. No pasó de la prosperidad al hundimiento por un único decreto. El proceso fue gradual: colonización de instituciones, control de tribunales, presión sobre medios, uso clientelar del Estado, manipulación electoral, deslegitimación del adversario y conversión del poder en un sistema de permanencia. Millones de venezolanos vieron cómo una de las naciones más ricas del continente se deslizaba hacia una oscura noche política, económica y moral que muchos creyeron imposible hasta que ya era demasiado tarde. España no es Venezuela. Tiene otra historia, otras instituciones, otra sociedad civil y otra pertenencia europea. Pero precisamente por eso debe reaccionar antes. Las democracias no mueren solo cuando las urnas desaparecen; también cuando siguen existiendo pero las reglas previas han sido manipuladas. Mueren cuando el censo deja de ser una garantía neutral para convertirse en un campo de batalla. Mueren cuando la ley se aplica con distinta intensidad según convenga al poder. Mueren cuando quienes deben rendir cuentas acusan de conspiradores a quienes les investigan.

Aún hay tiempo. Pero no sobra tiempo. España necesita una reacción constitucional, legal, parlamentaria y cívica. Necesita jueces firmes, partidos responsables, prensa libre y ciudadanos conscientes. Necesita recordar que el Estado de Derecho no es una abstracción de juristas, sino la muralla que protege la libertad concreta de cada español. Si aquella se agrieta y nadie acude a repararla, después no bastará lamentarse. La historia enseña que las naciones no pierden su libertad solo por la fuerza de sus enemigos, sino también por la pasividad de quienes, pudiendo defenderla a tiempo, prefirieron mirar hacia otro lado. La oposición debe, no solo denunciar con un bien construido relato los desmanes gubernamentales. También debe imaginar dentro del marco constitucional cuantos resortes puedan ser útiles frente a este Gobierno, además de saber advertir a la Comunidad internacional que España, frontera sur de la Comunidad europea está en grave peligro y en consecuencia la misma identidad de ella.