En su día, el subinspector de Policía Nacional y portavoz de Alternativa Sindical de Policía, Alfredo Perdiguero, denunció el silencio mediático y la falta de apoyo de instiuciones como el Ministerio de Igualdad, respecto al caso de una mujer de 60 años violada anal y vaginalmente por un inmigrante ilegal marroquí, de 25 años, recién llegado a Tenerife, que la agredió en su oficina. A su víctima, le desfiguró a golpes la cara y aún está en tratamiento. 

Al hilo de esta información, recordar la respuesta de la entonces presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, quien a preguntas de Vox sobre la ocultación de la nacionalidad de los delincuentes en función de su procedencia geográfica: "Tal y como dictan los códigos deontológicos y los libros de estilo de la profesión periodística, la nacionalidad de cualquier persona sólo se concretará cuando ésta sea relevante para la comprensión de la información".

 

Pero es que resulta, tal como explicaba a Hispanidad Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad: "La información es un derecho constitucional de los ciudadanos que les sirve para defenderse. No es lo mismo que un delincuente responda a un perfil, que responda a otro". Eso, el ciudadano tiene que saberlo cuando sale de su casa con sus hijos, para poder defenderlos.